Casa Rosada volvió a activar este martes toda su artillería política para intentar cerrar, antes del miércoles, la crisis que desató el Presupuesto 2027 en materia de discapacidad. Con Karina Milei al frente, se realizó una nueva reunión de Mesa Política en la que Patricia Bullrich y Diego Santilli se vieron cara a cara por primera vez desde el cortocircuito de las últimas horas. También participaron Martín Menem, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt, Eduardo «Lule» Menem y el secretario de Comunicación Fabián Fernández. Los ausentes fueron, otra vez, Luis Caputo -en Nueva York junto a Javier Milei– y Santiago Caputo, señalados puertas adentro como los responsables de haber insertado los cambios inconsultos en el Presupuesto. La propia Karina Milei decidió no viajar a la Asamblea de la ONU para poder estar en este encuentro.
En paralelo, el bloque de LLA en Diputados convocó a los bloques dialoguistas a una reunión que arrancó a las 16 en el Salón de Honor del Palacio Legislativo, para presentar el cronograma de trabajo de las próximas semanas y un nuevo proyecto: la ley de «Fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad«. Participaron, por LLA, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado; por los aliados, Karina Banfi (Fuerza del Cambio), Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba y Antonela Giampieri (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Los representantes de Independencia y de Santa Cruz avisaron que no podrían llegar por temas de vuelos.
Fuentes de LLA le confiaron a La Pluma que el proyecto -todavía en danza y sujeto a cambios hasta último momento- reemplazaría la lógica de emergencia por un régimen permanente, sostendría la pensión no contributiva y garantizaría cobertura médica a sus beneficiarios, habilitaría la compatibilidad con el empleo formal y ratificaría la universalidad del nomenclador. Pero ese relato oficial choca con lo que este medio ya había reconstruido días atrás sobre la letra fina que se negocia puertas adentro: la actualización del nomenclador pasaría de ser mensual a bimestral, los requisitos para acceder a una pensión dejarían de depender solo del Certificado Único de Discapacidad, y recién ahí se resolvería la compatibilidad plena entre pensión y trabajo registrado, el punto que más resistencia generó en el texto original del Presupuesto. Mientras el oficialismo sale a «vender» ese acuerdo como cerrado, varios de los bloques aliados que participaron de la reunión mantienen cautela y hermetismo puertas afuera, a la espera de ver si ese consenso resiste hasta la firma de mañana.
Con la mano del PRO: Di Liscia releva a Vilches
En medio de esa negociación, el Ministerio de Salud oficializó este martes por la tarde el nombre del reemplazante de Vilches: Pablo Di Liscia, extitular del IOMA durante la gobernación de María Eugenia Vidal, entre 2017 y 2019, y con un vínculo estrecho con Cristian Ritondo y con el propio Santilli. El anuncio se concretó justo cuando Martín Menem terminaba su reunión con los bloques aliados en el Salón de Honor, y confirma algo que venía flotando en la negociación: la influencia del PRO llegó hasta la designación del funcionario que deberá poner en marcha el nuevo esquema, en momentos en que ese mismo espacio es uno de los que más condiciones le puso al oficialismo.
Esa condición sigue siendo, de hecho, el otro punto que LLA todavía no cerró: el que planteó el propio PRO, con Ritondo a la cabeza, que le exigió al oficialismo que definiera con precisión un cronograma de pagos a los prestadores de discapacidad antes de dar cualquier acompañamiento al nuevo proyecto. Ese pedido, sostenido desde la sesión del 9 de septiembre, sigue siendo una de las condiciones que los aliados no están dispuestos a resignar, junto con la actualización automática del nomenclador que reclaman por igual el PRO y la UCR.
El apuro por la visita de León XIV
La premura del Gobierno para cerrar el capítulo antes del miércoles tiene, además, un condimento adicional: la cercanía de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución que trabaja con miles de personas con discapacidad y que hoy atraviesa serios problemas en su cadena de pagos. Su director de Discapacidad, Fernando Montero, contó en El Destape Radio que la institución lleva diez meses consecutivos de desabastecimiento de insumos esenciales como medicamentos, pañales y apósitos, y que los aranceles quedaron licuados entre un 30% y un 35% durante 2024 y 2025. Llegar a esa visita papal con un escándalo abierto por discapacidad es, para el Gobierno, un costo político que quiere evitar a cualquier precio.
La oposición no confía y mantiene su propio dictamen
Pese al operativo de contención que desplegó el oficialismo durante todo el martes, en los bloques opositores hay escepticismo. Según pudo saber La Pluma, la oposición no confía en los movimientos de LLA y mantiene su postura de llevar su propio dictamen en el plenario de comisiones que se emplazó la semana pasada en el recinto, con la prórroga de la Emergencia vigente hasta el 31 de diciembre como eje central.
Tampoco entre los propios aliados hay certezas. Si bien el oficialismo salió a «vender» este control de daños y un aparente acuerdo entre los bloques dialoguistas, puertas adentro varios de esos espacios mantienen cautela y hermetismo, a la espera de lo que pase efectivamente mañana en comisiones. «Está todo especialmente entre algodones. Hay bastante hermetismo porque cualquier cosa que salte es pasible de hacer saltar la térmica de las negociaciones», resumieron desde el oficialismo. La foto de unidad que buscó instalar la Mesa Política, en definitiva, todavía no tiene garantizado su correlato en los votos.
JD/CM
