La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Tierras Rurales generó una respuesta transversal en la Cámara de Diputados bonaerense. Legisladores de distintos espacios políticos presentaron iniciativas para expresar su rechazo a la derogación de la normativa que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La principal presentación es un proyecto de declaración conjunto que lleva las firmas de representantes de Unión por la Patria, Nuevos Aires, Unión y Libertad, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. El documento cuestiona la derogación de la Ley Nacional 26.737, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023, y manifiesta preocupación por las consecuencias de eliminar los mecanismos de control sobre la propiedad rural extranjera.
En particular, los legisladores pusieron el foco en los territorios vinculados con recursos naturales estratégicos, cuerpos de agua y zonas de especial relevancia territorial. La iniciativa advierte que la eliminación de las restricciones deja sin efecto herramientas que buscaban preservar el dominio nacional sobre esos espacios.
— Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) September 30, 2026
El proyecto fue firmado por Martín Rozas, de Unión y Libertad; Viviana Romano, Fabián Luayza y Gustavo Cuervo, de Nuevos Aires; Facundo Tignanelli, Rubén Eslaiman, Juan Martín Malpeli y Lucía Iañez, de Unión por la Patria; Romina Braga y Andrés De Leo, de la Coalición Cívica; y Alejandra Lorden, de la UCR.
Pero el rechazo no quedó limitado a esa presentación. El bloque de izquierda impulsó un proyecto propio y también hubo una iniciativa de UCR + Cambio Federal.
En ese escenario, La Libertad Avanza y el PRO quedaron al margen de las iniciativas de repudio, según el recuento publicado sobre las presentaciones legislativas.
El alcance del fallo de la Corte
La discusión se reactivó luego de que la Corte Suprema revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, en el marco de la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. Su decisión se basó en la falta de legitimación de la entidad para promover la demanda y en la inexistencia de un caso o controversia judicial que habilitara el tratamiento de la cuestión. Sin embargo, el efecto concreto fue dejar sin el obstáculo judicial que impedía aplicar la derogación dispuesta por el Gobierno nacional.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía que la titularidad o posesión extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del territorio nacional. Ese límite también debía respetarse en cada provincia, municipio y departamento. Además, contemplaba restricciones por nacionalidad y por titular, así como condiciones específicas para inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua permanentes y para aquellos ubicados en zonas de seguridad de frontera.
La preocupación expresada por los legisladores bonaerenses apunta precisamente a la pérdida de esas herramientas de regulación y al impacto que la derogación puede tener sobre el control de un recurso estratégico como la tierra.
MES/CM
