Cuatro legisladores que integran la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones llevaron una presentación judicial al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 3 para intentar frenar la adjudicación de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Asimismo, reclamaron que el Gobierno explique cómo calculó el valor de la empresa y que entregue la tasación oficial.
La demanda, firmada por Ana María Ianni, Florencia Carignano, Adán Humberto Bahl y Jorge Milton Capitanich, está dirigida contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía, a cargo de Diego Martín Chaher. Según el escrito, la ATEP declaró reservados los informes de tasación mediante la Resolución 1/2026, que los legisladores afirman que no fue publicada en el Boletín Oficial.
En ese sentido, su argumento es que una resolución administrativa no publicada no puede utilizarse válidamente para restringir el derecho de acceso a la información pública. También sostienen que la Ley 27.275 establece que la información en poder del Estado debe ser pública, salvo excepciones expresamente previstas y justificadas.
A su vez, el documento cuestiona el procedimiento técnico utilizado para determinar el valor de la empresa pública. Los legisladores sostienen que se desplazó al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), al que identifican como el organismo competente para intervenir en estas operaciones, y que la tarea se derivó a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). La presentación indica que esa unidad habría aplicado el método de Flujo Neto de Fondos Descontados, que estima el valor de un activo a partir de los flujos de fondos futuros proyectados y los descuenta a valor presente mediante una tasa determinada, por lo que se podría haber generado una subvaluación de los activos estatales.
De hecho, la operación se cerró en US$ 340 millones, un monto muy inferior a los aproximadamente US$ 500 millones que esperaba recaudar el Ejecutivo, aunque este no había delimitado un piso en la licitación.
Es por eso que pidieron frenar el trámite de adjudicación de la licitación de AySA y/o impedir que se firme el contrato de concesión o transferencia accionaria hasta que se entregue la información. Además, reclamaron que la ATEP entregue la resolución cuestionada y el informe completo de tasación y valuación de AySA, y que, por ende, la Justicia declare la nulidad de la reserva.
Se trata de una medida cautelar de no innovar, que busca evitar que una situación cambie mientras se tramita el juicio. Esto se debe a que, si se concreta la operación antes de conocerse la tasación, podría resultar mucho más difícil revertir sus consecuencias. A su vez, dentro de las pruebas que presentaron, los legisladores mostraron que habían reclamado a ATEP previamente pero que el organismo rechazó sus solicitudes. La decisión quedará en manos del juez Santiago Carrillo.
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