La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría del Presupuesto 2027 en Diputados, aunque con aliados que firmaron con reservas y con pedidos que, en varios casos, no figuran en el articulado. El oficialismo quiere que el recinto lo trate el miércoles 25 de noviembre.
El despacho reunió 27 firmas sobre 48 diputados presentes: 20 libertarias y siete de bloques afines. Solo Pamela Verasay, de la UCR, y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, firmaron sin disidencias. Los otros cinco, Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis, del PRO, Eduardo Falcone, del MID, Elia Fernández, de Independencia, y Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, pusieron reparos parciales. Las firmas aliadas incluyen a legisladores alineados con los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca.
Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría, y Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, no firmó ninguno. El misionero reclamaba más partidas para ciencia y tecnología, entre otros puntos, y no le fueron concedidas. Tampoco acompañaron los diputados que responden a Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Hugo Passalacqua.

Hubo dos cambios de peso respecto del proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Salieron los artículos que reformaban las prestaciones por discapacidad y también el que preveía eliminar la actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH, algo que había cuestionado la UCR.
Qué entró al texto y qué quedó para negociar afuera
Los dialoguistas se llevaron algunas cosas concretas. El régimen de promoción para la industria autopartista y automotriz, que el PRO había anunciado la semana pasada, quedó en el dictamen: los artículos 27 y 29 fijan cupos fiscales por $6.500 millones y $130.000 millones, y el 63 extiende hasta 2032 el plazo para sumarse al régimen de autopartismo. Para Mendoza, el artículo 59 exime de derechos de importación y otros tributos a las compras de material ferroviario de la Sociedad de Transporte de Mendoza.
En cambio, las universidades no tuvieron cambios. El texto mantiene los $7,3 billones que propuso el Gobierno desde el principio, lejos de los $11 billones que pedía el Consejo Interuniversitario Nacional, un reclamo que también había hecho el radicalismo. Verasay, que ocupa en la comisión el lugar de su comprovinciano Lisandro Nieri, firmó igual sin disidencias.

Otros pedidos quedaron fuera del papel. Las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires se discutirán con el Ministerio de Economía, según un «compromiso» del oficialismo. Tampoco entró la rebaja del impuesto a los combustibles que pedían varios bloques, con el argumento de que lo recaudado no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales. La oposición calcula que el Gobierno recaudó unos $1,6 billones entre ese impuesto y el fideicomiso SisVial, y que destinó solo una parte menor a las rutas. El Gobierno acordará el tema con cada provincia por separado.
Falcone anticipó que firmaría en disidencia porque «los pedidos de mi bloque e interbloque han tenido aceptación parcial». Contó que, tras reunirse con Diego Santilli y Benegas Lynch, se le prometió una partida «específica para terminar 20 kilómetros» de la autovía de la Ruta Nacional 5, aunque esa obra «no va a figurar» como tal. Se trata del tramo Mercedes-Suipacha y los fondos no estarían en el presupuesto de Vialidad Nacional sino en la Jefatura de Gabinete. Tampoco prosperaron los pedidos de los legisladores de Llaryora, que reclamaban pagos a la caja jubilatoria cordobesa y obras en rutas nacionales, ni los de Gustavo Sáenz por infraestructura vial y saneamiento.

Discapacidad: los artículos que salieron y el nuevo 35
La única oficialista que habló fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado, y lo hizo solo para explicar el capítulo de Discapacidad. «Eliminamos los artículos 36 a 41 que suprimían la pensión no contributiva por discapacidad», dijo, y agregó que esos artículos también tocaban la cobertura médica, la actualización mensual de compensaciones a prestadores y endurecían el acceso a las prestaciones.
En su reemplazo, el artículo 35 pone esos programas a cargo de la Jurisdicción 80, del Ministerio de Salud, y cubre cualquier excedente con la Jurisdicción 91. Su último párrafo faculta a la Jefatura de Gabinete a reasignar partidas para garantizar «la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios contemplados». El cambio va en línea con la media sanción casi unánime de la ley de Discapacidad, que esta semana llegaría al Senado para convertirse en ley.
El rechazo de la oposición
Julia Strada, de Unión por la Patria, pidió que algún oficialista defendiera el Presupuesto y reclamó por la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. «El problema no es el riesgo kuka, el problema es que a ustedes no le creen los mercados», lanzó, y ironizó con que el Gobierno no sabe «de dónde van a sacar la plata para pagar la deuda».

El jefe del bloque, Germán Martínez, dijo que por el clima de la reunión «daría la sensación de que no estamos discutiendo nada en la Argentina», y defendió el dictamen propio, que refuerza las partidas de educación, recompone el programa Remediar y propone llevar el bono jubilatorio de $70.000 a $164.000. Por el Frente de Izquierda, Romina del Plá calificó el proyecto como «un ajuste contra la población» y dijo que se apoya en cuatro variables fuera del control oficial: el clima, el precio de la soja y del petróleo y la tasa de interés de Estados Unidos.
El proyecto supone un crecimiento del 4%, una inflación del 18%, un dólar de $1.847,60 a fin de 2027 y un superávit primario del 1,1% del PBI, con gastos consolidados por $216 billones.
JD/CM










