El escándalo por los créditos del Banco Nación sumó en las últimas horas un dato que tensiona la defensa oficial y reordena el foco del caso: detrás de los préstamos a funcionarios hay montos que duplican o triplican el promedio del propio banco y un universo de operaciones bajo revisión por posibles conflictos de interés.
En diálogo con La Pluma, el diputado Esteban Paulón —que inició pedidos de información al Banco Central y al Banco Nación— advirtió que, si bien se otorgaron unos 27 mil créditos hipotecarios, el problema estaría concentrado en unos 1400 casos con funcionarios públicos.
“El promedio de los créditos hipotecarios del Banco Nación es de unos 70 mil dólares, pero acá aparecen créditos de 200 o 300 mil dólares”, señaló. Y agregó un punto clave: “Hay directivos de bancos públicos donde ya habría conflicto de intereses, porque los bancos que controlás son los que te prestan plata”.
Caputo reconoce que indujo a funcionarios a tomar créditos
En ese contexto, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, salió a respaldar la operatoria y reconoció haber incentivado a funcionarios a tomar esos préstamos.
“Los funcionarios pidieron créditos inducidos por mí”, afirmó. Y reforzó: “Si pudieran más funcionarios, les diría que vayan y saquen”.
El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que se trata de una herramienta “legal, moral y justa” y buscó minimizar el impacto al remarcar que los funcionarios representan una porción mínima del total de créditos.
Según explicó Paulón a La Pluma, parte del ruido inicial se originó en una base de datos que no diferenciaba correctamente tipos de créditos ni entidades financieras.
“La planilla consolidada mezclaba todos los bancos. Cuando uno entra al detalle, sí aparece qué banco y qué monto, pero la primera lectura generó confusión”, señaló.
A partir de ese cruce —realizado con información del Banco Central— comenzaron a detectarse casos concretos en distintos niveles del Estado: desde funcionarios nacionales hasta dirigentes provinciales y municipales.
El escándalo ya llegó a Comodoro Py
El caso escaló rápidamente al plano judicial. Este lunes se sortearon dos denuncias en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti.
La presentación impulsada por la diputada Mónica Frade apunta a posibles delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad e incompatibilidades.
“Me parece depravado desde lo ético”, afirmó la legisladora, al cuestionar que funcionarios accedan a créditos millonarios desde una entidad estatal.
Las denuncias incluyen préstamos que, en algunos casos, superan los $500 millones, cifras que —según los denunciantes— no se condicen con los perfiles patrimoniales de los beneficiarios.
Con el correr de los días, el caso dejó de ser exclusivamente oficialista. Un listado de unos 50 dirigentes —entre legisladores de distintos bloques y funcionarios— mostró que el fenómeno atraviesa a buena parte del sistema político.
Algunos dirigentes salieron a despegarse. El diputado Itai Hagman negó haber recibido financiamiento del Banco Nación y apuntó contra funcionarios del Gobierno, mientras que legisladores oficialistas defendieron sus créditos como operaciones regulares, sin privilegios.
El Gobierno, por su parte, sostiene que no hubo irregularidades y que todos los préstamos se otorgaron bajo condiciones de mercado. Sin embargo, el caso ya dejó una primera consecuencia política: la salida de un funcionario del Ministerio de Capital Humano tras quedar expuesto por uno de los créditos.
En paralelo, en la Casa Rosada interpretan que la ofensiva busca frenar el proyecto de capitalización del Banco Nación.
Pero con las denuncias ya en manos de la Justicia y los datos bajo revisión, el foco empieza a correrse: no solo si los créditos fueron legales, sino si existió un acceso diferencial para quienes ocupan posiciones de poder dentro del propio sistema que los financia.
JD/CM
