Ya marinado por más de 10 días el escándalo del Banco Nación (BNA) que otorgó créditos hipotecarios exorbitantes a funcionarios del Gobierno y legisladores de La Libertad Avanza (LLA), este adquirió una nueva dimensión luego de una revelación sobre la normativa que avaló este accionar.
El domingo pasado por la noche, la entidad financiera aclaró en X que «no ha modificado ningún criterio de elegibilidad para los usuarios de créditos hipotecarios, ni ha cambiado ningún régimen de otorgamiento, ni excluido a ningún grupo de los clientes de BNA».
Adjunta se encuentra en la publicación la reglamentación 802, que allá por septiembre de 2024 había sido alterada por el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y su vice, Dario Wasserman, para aclarar que funcionarios del Gobierno y políticos podían acceder a los créditos: «Se incluyen a las (personas) que perciban ingresos del Sector Público no incluidos en las actividades habituales, como por ejemplo…cargos políticos designados por resolución o electivos…».
ACLARACIÓN
Se aclara que el Banco Nación no ha modificado ningún criterio de elegibilidad para los usuarios de créditos hipotecarios, ni ha cambiado ningún régimen de otorgamiento, ni excluido a ningún grupo de los clientes de BNA. pic.twitter.com/ZOHEAky10Y
— Prensa BNA (@prensabna) April 13, 2026
De esta forma, los implicados pudieron tomar préstamos, en su mayoría para una segunda o tercera vivienda. Sin embargo, Wasserman, que había asumido como presidente del BNA apenas un mes antes, autorizó a que el banco «resuelva aprobar adecuaciones a los reglamentos». El 9 de enero se llevó a cabo entonces una nueva circular, la N° 0092/2026.
Ayer, con la olla destapada, el Nación aclaró a través de su cuenta de prensa en X que la reglamentación no se había alterado. Para la mala fortuna de los deudores, las redes sociales se encargaron de desmentirlo, al desempolvar el 802 original de dos años atrás.
Mientras tanto, ya hubo un pedido a la Justicia por parte de la diputada por la Coalición Cívica (CC), Mónica Frade, para que investigue el otorgamiento de créditos. Además, el presidente, Javier Milei, ya los había defendido: “Haber tomado ese crédito, ¿mató gente? ¿afecta el derecho a la vida?”, preguntó en una entrevista grabada reciente. «Tampoco le violentó la libertad a nadie ni a la propiedad privada porque si eso después tiene impacto sobre las cuentas públicas, alguien lo tiene que pagar. Ese crédito se tomó a tasa de mercado, con lo cual no se violentó nada”, aseguró.
«Es algo lógico y moral que un funcionario que tenga cuenta sueldo en el Banco Nación tenga acceso a uno de los productos del banco. Es legal, es moral, es justo que lo pueda hacer. Si pudieran mas funcionarios, les diría que vayan y saquen», dijo hace unos días el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, en una entrevista con el canal LN+.
El desafío para el Gobierno estará en remediar este relato que peca de incoherente, mientras se le filtran otros problemas como el caso $LIBRA y los privilegios del jefe de Gabinete y vocero Presidencial, Manuel Adorni.
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