La comunidad de personas con discapacidad sigue en alerta por la resolución del gobierno de Javier Milei que elimina los subsidios para los pasajes gratuitos para las personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos. “Es otra crueldad que se afianza”, indicaron las organizaciones. Desde las cámaras empresarias recalcaron que el impacto de la decisión de la Secretaría de Transporte “es enorme”.
La resolución se dio en medio de un litigio judicial que, según informó la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), ya lleva una deuda acumulada que supera los $27.000 millones. Es que antes de la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno ya estaba incumpliendo con su responsabilidad porque no les estaba pagando los subsidios a las empresas.
Uno de los puntos que complejiza esta cuestión es que el año pasado, el Gobierno dejó de considerar a las empresas de micros de larga distancia como prestadoras de un servicio público, por lo que desde el sector argumentan que no están obligados a garantizar los pasajes gratuitos. Es decir, el Gobierno dejó de pagar los subsidios y las empresas tampoco quieren hacerse cargo porque ya no entran dentro de esa categoría. Es por eso, que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) fue a la Justicia y obtuvo una cautelar que obliga a las empresas a seguir garantizando la gratuidad. Hasta el momento, las empresas incumplieron el fallo, pero advierten sobre el futuro.
“Estamos despachando más de 2.000 ómnibus de larga distancia, completos con pasajes que nadie paga, y es enorme el impacto. El Estado tiene que asumir esa responsabilidad, es realmente un sinsentido”, le dijo a este diario Gustavo Gaona, vocero de CELADI.
Desde la Red por los derechos de las Personas con discapacidad (REDI), indicaron que delegar el cumplimiento de la ley en la buena voluntad de las empresas automotrices deja a las personas con discapacidad a merced del mercado “que nunca es ámbito de garantía de derechos”. Y advirtieron que esta quita de fondos provocará que las prestadoras privadas limiten el acceso a pasajes alegando «desequilibrios económicos».
Para Ana Dones, integrante de REDI, el transporte público terrestre para personas con discapacidad siempre fue resistido por las empresas de transporte, a pesar de que el pasaje era pagado por el Estado. “La respuesta común era y es que no hay cupo. Miles de denuncias circularon desde esos años, argumentando que las personas abusaban de ese beneficio. Entonces, hoy que deben pagarlos ellos, tenemos menos probabilidades de a acceder a los viajes”, le dijo Dones a La Pluma.
Desde la Cámara indicaron que van a seguir cumpliendo con la medida cautelar. “Se van a seguir dando los pasajes hasta tanto se resuelvan las cuestiones de fondo. El Estado tiene que garantizar el beneficio. No somos nosotros, no es un privado. Cuando éramos un servicio público, el Estado los viabilizaba a través nuestro, pero hoy ya no somos más eso, no estamos al servicio del Estado, somos operadores particulares y privados. No se puede pretender que a nosotros, sin ser más una cosa, se nos siga pidiendo en exclusividad asumir un esfuerzo”, agregó Gaona.
El riesgo es que al quitar el financiamiento, el Estado deja en un peligro inminente el ejercicio real del derecho a la movilidad de parte de la ciudadanía. “Sostenemos firmemente que sin presupuesto no hay derechos. Al retirar de forma deliberada el financiamiento, el Estado se desentiende de su rol de garante y genera una regresividad normativa injustificable que genera barreras económicas insalvables para las personas con discapacidad, pacientes oncológicos y sectores vulnerables”, indicaron desde REDI.
Tal como informó La Pluma, en el Congreso la oposición trabaja para dejar sin efecto la polémica Resolución 28/2026. La diputada cordobesa Natalia de la Sota presentó un proyecto para anular la medida, aunque por el momento no cuenta con el apoyo necesario para que avance.
CDB/VDM
