La cuenta regresiva al 29 de abril se convirtió en un problema político para el Gobierno. Con casi 5.000 preguntas acumuladas en Diputados, un frente judicial que suma capítulos y una oposición que prepara una sesión de alto voltaje, en la Casa Rosada empezaron a evaluar escenarios para administrar la exposición de Manuel Adorni en su informe de gestión.
Sobre la mesa aparece una alternativa incómoda pero posible: responder todas las consultas por escrito y evitar el cara a cara en el recinto. La opción existe dentro del reglamento, pero choca con el clima político que el propio Gobierno ayudó a construir. Fue Javier Milei quien anticipó que asistiría al Congreso para respaldar a su jefe de Gabinete desde un palco, en una señal de confrontación que ahora condiciona cualquier repliegue.
Hasta el momento, desde Casa Rosada no respondieron a La Pluma si Adorni planea efectivamente asistir o si se limitaría a contestar por escrito.
El rumor de que Adorni «no llegue al 29 de abril»
En el oficialismo reconocen que el informe de gestión dejó de ser un trámite institucional para convertirse en una prueba política. El volumen inédito de preguntas —récord desde la creación de la figura— y la decisión de la oposición de coordinar una estrategia común anticipan una sesión que puede escalar rápidamente.
En ese contexto, el Gobierno enfrenta un dilema: exponer a Adorni en el recinto y sostener la narrativa de fortaleza, o administrar daños evitando una sesión que podría girar completamente en torno a su situación patrimonial.
La incertidumbre no es solo parlamentaria. “Va a ser muy determinante lo que declare la escribana de Adorni este miércoles en la Justicia, a ver qué tan complicado queda”, advirtieron diputados opositores en diálogo con este medio, dejando abierta una hipótesis que circula cada vez con más fuerza en los pasillos del Congreso: que el funcionario directamente no llegue al 29 de abril.
La variable judicial que puede cambiar todo
Mientras el Gobierno evalúa el plano político, la causa judicial avanza. El fiscal Gerardo Pollicita profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y suma nuevas piezas al rompecabezas patrimonial de Adorni.
En las últimas horas se conoció que el funcionario tomó otro préstamo de 100.000 dólares garantizado con una hipoteca sobre un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, en una operatoria que se suma a otras similares y que vuelve a poner bajo la lupa el origen de los fondos y las condiciones de esas transacciones.
La declaración de la escribana que intervino en esas operaciones aparece ahora como un punto de inflexión. En Tribunales buscan reconstruir el circuito completo de compras, hipotecas y financiamiento, en paralelo a otras líneas de investigación que incluyen viajes al exterior y el uso de vuelos privados. El frente judicial, lejos de estabilizarse, amplía el margen de riesgo político para el Gobierno.
Sin números para avanzar, pero con presión en aumento
A pesar del desgaste, la oposición enfrenta sus propios límites. Con la correlación de fuerzas actual, no cuenta con los votos necesarios para avanzar en una moción de censura contra el jefe de Gabinete —mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional— ni para forzar el tratamiento de iniciativas en comisiones clave, hoy controladas por el oficialismo.
El PRO, además, ya fijó una posición que alivia al Gobierno. “Que investigue la Justicia”, repiten, descartando cualquier ruptura política que complique la continuidad de Adorni.
Sin embargo, la falta de herramientas institucionales no implica ausencia de presión. El Congreso empieza a funcionar como caja de resonancia del escándalo, y el primer termómetro será inmediato.
La sesión prevista para este miércoles 8 de abril por la reforma de la Ley de Glaciares se perfila como un anticipo del clima que rodeará al 29A. La oposición planea acumular cuestiones de privilegio para instalar el caso Adorni en el recinto, mientras desde el oficialismo intentan contener la situación.
“Vamos a tratar de hacer una sesión razonable”, señalaron fuentes parlamentarias cercanas a Martín Menem, que deberá administrar un debate cruzado por los cuestionamientos al jefe de Gabinete.
La diputada Myriam Bregman ya anticipó el tono de lo que viene al denunciar una “tomada de pelo” del Gobierno en medio de los escándalos de corrupción y advertir que el Congreso no puede “fingir normalidad”.
Con ese escenario, el informe de gestión dejó de ser un trámite mensual. Para el Gobierno, el desafío ya no es solo responder preguntas. Es decidir cómo y en qué condiciones enfrentar una sesión que puede marcar un antes y un después para Adorni.
