La querella impulsada por el inversor damnificado por $Libra, Martín Romeo solicitó la citación a indagatoria del presidente Javier Milei y su hermana Karina, al jefe de Gabinete Manuel Adorni y otras 13 personas involucradas en la posible estafa. El pedido fue presentado ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y se sustenta en un escrito de más de 200 páginas.
La solicitud se apoya en la investigación de la querella y en el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. En paralelo, otro espacio encabezado por el diputado Juan Grabois ya había reclamado medidas similares. Hasta el momento, no hubo definiciones del juzgado ni del fiscal Eduardo Taiano.
Los 16 señalados por la querella se completan con el jefe de asesores Demian Reidel, el cripto trader Mauricio Novelli y su hermana María Pía Novelli, los empresarios Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy, el misterioso Chyi Haur Peh, Mark Hayden Davis entre otros.
Según la reconstrucción, el esquema se habría iniciado en 2018 con la academia N&W Professional Traders, fundada por el empresario Mauricio Novelli. Allí se habrían captado inversores bajo la apariencia de formación financiera, mientras se desarrollaban vínculos con plataformas internacionales y maniobras en el mercado cripto.
La querella sostiene que el grupo logró vínculos con actores internacionales y avanzó en una presunta “infiltración estatal”, con reuniones en el Banco Central y la incorporación de un asesor en la Comisión Nacional de Valores. También menciona contratos millonarios destinados a garantizar acceso a funcionarios e influir en regulaciones.
El lanzamiento del token $Libra, el 14 de febrero de 2025, marcó el punto crítico. Según la acusación, se realizaron compras masivas automatizadas y luego una venta abrupta por parte de los organizadores, lo que provocó el colapso del activo y pérdidas por más de 44 millones de dólares para miles de inversores.
Entre las pruebas se destacan reuniones en la Casa Rosada, transferencias millonarias y movimientos posteriores al estallido, como vaciamiento de cajas de seguridad y eliminación de contenido digital, interpretados como posibles maniobras de encubrimiento.
El juez Martínez De Giorgi deberá ahora resolver si hace lugar a las indagatorias. El pedido se da tras una nueva tanda de medidas de pruebas solicitadas la semana pasada por Taiano lo que fue interpretado como una medida dilatoria.
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