Mientras el presidente Javier Milei está en Suiza para participar del Foro de Davos, en la Casa Rosada siguen con las negociaciones para aprobar la reforma laboral lo antes posible. El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, y el ministro de Interior, Diego Santilli, continúa con su gira por las provincias para sumar los votos que responden a los gobernadores.
En el oficialismo están confiados en que podrán sacar la ley sin cambios, pero hasta la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió modificaciones. En el mundo sindical también hay mucho movimiento. Mañana habrá una reunión en la sede de la UOM, en la que los metalúrgicos junto a los gremios del transporte y de la industria delinearán una movilización al Congreso y le podrán presión a la CGT para que tome medidas más drásticas.
Ayer, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 24/2026 en el que se convocó formalmente a las extraordinarias para febrero con la idea de tratar la reforma laboral, la Ley de Glaciares y la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien el Gobierno está muy interesado en sancionar las tres propuestas, hay una que se lleva los mayores esfuerzos y es la del cambio en el régimen de trabajo. Aunque la senadora ahora libertaria Patricia Bullrich está de vacaciones, su equipo jurídico trabaja para ella, dado que asumió además como jefa del bloque de La Libertad Avanza y es, también, la presidenta de la Comisión de Trabajo.
Josefina Tajes, la abogada laboralista que asesora a la exministra de Seguridad, mantiene por estos días reuniones con distintas cámaras empresariales que tienen objeciones al proyecto. Una de ellas es la CAME, que si bien manifestó su respaldo general, tiene planteos sobre cinco puntos específicos. La entidad sostiene que, si bien la actualización de los convenios es necesaria, los cambios podrían generar inestabilidad en el sector productivo.
Uno de los ejes centrales de la advertencia es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos. En declaraciones publicadas por la agencia NA, el presidente de la entidad, Ricardo Diab, dijo que “estos convenios, si bien hay que retocarlo o mejorarlo o actualizarlo, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”.
En paralelo, Santilli sigue su ronda con los gobernadores. El lunes estuvo en Salta con Gustavo Sáenz, donde consiguió el apoyo del gobernador. Dijo Sáenz: «tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”. Mañana se reunirá con el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, y luego se encontrará con otro aliado, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Desde Casa Rosada sostienen que “ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político”. Se trata de Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.
En el plano sindical, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) impulsa una movilización para el día en que se trate el proyecto y presiona así a la CGT para que tome medidas más determinantes que el diálogo con los gobernadores. Este miércoles habrá una reunión con los sindicatos del transporte y de la industria en la que buscarán sumar nuevos gremios y centrales obreras.
En declaraciones a Radio Con Vos y AM 990, el secretario General de la UOM, Abel Furlán, anticipó que el movimiento obrero reclamará una respuesta colectiva y dijo que la CGT deberá avanzar en un plan de lucha: “No tengo dudas de que se lo vamos a estar pidiendo todos”. En ese sentido se expresó el referente de otro de los gremios más duros, el de los aceiteros. “No hay alternativa”, dijo Daniel Yofra y pidió una huelga general en defensa de los derechos laborales.
MN
