El Gobierno avanza en su plan de privatizaciones y ya habilitó la venta de las participaciones que Energía Argentina (ENARSA) tiene en tres centrales termoeléctricas. La decisión alcanza de manera inmediata a la Manuel Belgrano y la José de San Martín, mientras que la salida del Estado de Guillermo Brown quedará sujeta a una instancia previa de reorganización societaria. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Cabe señalar que ENARSA posee el 65,01% del capital social de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, mientras que de la Central Termoeléctrica José de San Martín controla el 68,83%. El decreto dispone la venta de la totalidad de esas participaciones estatales.
La tercera operación será sobre la Central Termoeléctrica Guillermo Brown. Allí el proceso tendrá otro recorrido: el fideicomiso vinculado a la central vence el 30 de septiembre de 2026 y, una vez completada su liquidación, el ente nacional deberá incorporarse formalmente como accionista. Recién después podrá concretarse la licitación de las acciones que le correspondan.
La privatización de ENARSA avanza por etapas
La decisión forma parte de un proceso más amplio. En abril de 2025, el Gobierno autorizó la privatización total de ENARSA, aunque estableció que debía realizarse por etapas y mediante la separación de las distintas actividades y unidades de negocio de la compañía.
La compañía fue incluida entre las empresas sujetas a privatización por la Ley de Bases. El decreto que habilitó el proceso planteó que la compañía debía desprenderse progresivamente de sus distintos activos y participaciones, con el argumento oficial de concentrar al Estado en sus funciones esenciales y trasladar al sector privado actividades consideradas propias de empresas.
La primera etapa estuvo vinculada a CITELEC, la sociedad que controla Transener. El Gobierno avanzó durante 2026 con la venta de la participación de ENARSA y en mayo adjudicó el 100% de las acciones estatales de CITELEC al consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión por US$ 356 millones.
Ahora el proceso se traslada al segmento de generación eléctrica, con tres centrales termoeléctricas que forman parte de la infraestructura energética del país.
Qué se vende y cómo será el proceso
La operación no implica la venta directa de las centrales como activos físicos, sino de las participaciones accionarias que ENARSA posee en las sociedades que las administran.
Para Manuel Belgrano y José de San Martín, el decreto habilita al Ministerio de Economía a vender la totalidad de las acciones estatales mediante una licitación pública nacional e internacional, bajo el régimen previsto por la Ley de Reforma del Estado.
Además, los pliegos deberán contemplar los derechos de preferencia que tienen los restantes accionistas de las sociedades, una cuestión relevante porque el Estado no posee el 100% de las acciones de estas centrales.
En ambas compañías, el resto del capital está en manos de agentes generadores del Mercado Eléctrico Mayorista que participaron del esquema Foninvemem, creado para financiar inversiones destinadas a ampliar la oferta de generación eléctrica.
Las centrales fueron construidas bajo ese esquema durante la década de 2000, con el objetivo de incorporar nueva capacidad de generación al sistema eléctrico. Tanto Manuel Belgrano como José de San Martín son centrales de ciclo combinado y cuentan con una capacidad del orden de los 800 MW cada una.
El nuevo capítulo del retiro del Estado del sector energético
La decisión profundiza una política que el Gobierno viene desplegando desde el inicio de la gestión: reducir la participación directa del Estado en empresas y activos vinculados con la energía y trasladar su gestión al sector privado.
El propio oficialismo presentó la nueva etapa como parte del objetivo de avanzar hacia un mayor retiro estatal del sector energético y sostuvo que los privados cuentan con capacidad de inversión y experiencia para asumir la gestión de estas actividades.
Sin embargo, el proceso todavía tiene etapas pendientes. El decreto no establece por sí mismo cuánto dinero espera obtener el Estado por las participaciones ni fija las condiciones económicas definitivas de las licitaciones. Esos aspectos deberán quedar determinados en los pliegos que prepare el Ministerio de Economía.
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