El juez en lo penal económico Diego Amarante procesó este lunes a la cúpula de la AFA en una causa por retención indebida de aportes. La decisión alcanza por primera vez en sede penal al presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, junto al tesorero Pablo Toviggino, entre otros directivos. El magistrado también ordenó embargos millonarios en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.
Según la resolución judicial, los imputados habrían retenido y omitido el depósito de impuestos y contribuciones por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025. La causa encuadra los hechos como apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravada por la participación de múltiples personas en una estructura organizada. El fallo detalla que las maniobras se habrían repetido en decenas de oportunidades.
En ese contexto, el juez dispuso un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de la AFA como persona jurídica, además de medidas similares sobre Tapia y Toviggino. Ambos fueron procesados sin prisión preventiva, aunque deberán cumplir con restricciones como no ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización judicial y presentarse ante el tribunal cada vez que sean citados. Asimismo, continúa vigente la prohibición de salida del país.
La investigación también involucra a otros dirigentes, entre ellos el secretario general Cristian Ariel Malaspina y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. En estos casos, el magistrado fijó distintos montos de embargo y levantó la restricción para salir del país, aunque continúan vinculados al expediente judicial.
En los fundamentos, Amarante sostuvo que Tapia tuvo un rol central en la toma de decisiones dentro de la AFA, lo que “magnifica su responsabilidad”. Según el fallo, el presidente de la entidad tenía conocimiento de la falta de pago de las obligaciones y participó en la operatoria, al autorizar la mayoría de los movimientos financieros cuestionados. En cuanto a Toviggino, se destacó su intervención directa en la firma de cheques y transferencias.
La resolución aún no está firme y podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Mientras tanto, el expediente continúa en desarrollo y podría derivar en nuevas medidas judiciales a medida que avance la investigación sobre el manejo de fondos dentro del organismo rector del fútbol argentino.
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