Luego del fallo inicial que eximió a Argentina de un pago de US$ 18.000 millones por la estatización de YPF, el presidente, Javier Milei, celebró en cadena nacional con «inigualable alegría» la noticia. Anunció que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones.
El mandatario argumentó que se tomó esta decisión para que “la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida, y para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio en nuestro país”.
Las medidas incluidas tienen como objetivo reforzar la protección a la propiedad privada, por lo cual se limitan las expropiaciones a situaciones «estrictamente excepcionales». Asimismo, introduce una reforma a la ley 21.499 para aportar claridad a los supuestos, condiciones e indemnizaciones, para así eliminar zonas grises, según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, detalló a Infobae.
De esa forma, antes de que se produzca una alteración por la misma expropiación, se debe definir el valor de los bienes, que se calculará según su precio de mercado antes de cualquier anuncio, y ese valor se actualizará por inflación hasta el momento del pago usando el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Asimismo, el proyecto apunta a mayor transparencia. El organismo que expropia tendrá que pedir al menos dos valuaciones independientes y publicar en sitios oficiales tanto el precio como el informe con la metodología de cálculo.
No se considerarán factores personales, sentimientos, ganancias que podrían haberse obtenido, ni el aumento de valor que pueda traer una obra futura.
