La convocatoria a las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares generó un fenómeno inesperado en la Cámara de Diputados: la inscripción colapsó el sistema y ya reúne cerca de 30 mil anotados cuando todavía faltan días para el cierre del registro. Ante ese escenario, el oficialismo analiza alternativas para ordenar el proceso y evitar que la discusión se vuelva inmanejable.
Las audiencias fueron convocadas para el 25 y 26 de marzo en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, presididas por los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, encargados de conducir el debate del proyecto que obtuvo media sanción en el Senado. Sin embargo, la magnitud de la inscripción abrió un interrogante inmediato en los pasillos del Congreso: cómo garantizar la participación de miles de personas con solo dos jornadas previstas.
Según pudo saber La Pluma, las autoridades de ambas comisiones ya están en diálogo con el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, para intentar resolver la logística de una convocatoria que desbordó todas las previsiones iniciales.
Los primeros 15 mil inscriptos recibieron por mail una confirmación de que habían completado el formulario de manera pertinente, aunque este miércoles los nuevos inscriptos acusaron dejar de recibir esa confirmación. Desde LLA aseguraron que deberá ser la cámara baja la que resuelva la logística en una audiencia récord de inscriptos.
Sin embargo, en el oficialismo descartan, por ahora, sumar nuevas jornadas de audiencias, ya que consideran que ampliar el calendario no resolvería el problema de fondo debido a la magnitud de la inscripción.
Una audiencia pública desbordada
La convocatoria superó rápidamente cualquier antecedente reciente. A diez días del cierre de la inscripción ya había más de 27 mil personas anotadas, una cifra que podría seguir creciendo hasta el 20 de marzo, fecha límite para registrarse.
Las audiencias fueron pensadas inicialmente con exposiciones presenciales el 25 de marzo en el edificio anexo del Congreso y virtuales el 26, para facilitar la participación de expositores de todo el país. El reglamento fijó además un tiempo de cinco minutos por intervención, en un horario que iría aproximadamente de 10 a 19.
Con ese esquema, en el Congreso calculan que apenas unas 200 personas podrían exponer, una cifra ínfima frente al volumen de inscriptos.
Por ese motivo, en el oficialismo ya evalúan alternativas para administrar la participación. Una de las opciones en estudio es que solo un número limitado de oradores intervenga de manera presencial, mientras que el resto pueda presentar su posición por escrito o mediante videos enviados a la Cámara. También se analiza que los bloques parlamentarios distribuyan cupos de expositores.
La oposición exige que se garantice la participación ciudadana
La situación ya abrió una disputa política en Diputados. Desde la oposición reclaman que el Congreso garantice la participación plena en el proceso, tal como establecen la legislación ambiental y los compromisos internacionales asumidos por el país.
“Las audiencias públicas las tiene que garantizar el plenario de comisiones. Son ellos los que tienen que garantizar que todas las voces se escuchen”, señalaron a La Pluma fuentes parlamentarias de Unión por la Patria.
En la misma línea, los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva (UxP) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) enviaron una nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a los titulares de las comisiones para pedir que se extiendan las audiencias públicas.
Fuentes parlamentarias recordaron a este medio que durante el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que tuvo 738 expositores, las audiencias se extendieron durante 15 días, una escala muy inferior a la actual.
La discusión no es menor: la realización de audiencias públicas es un requisito previsto por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Congreso en 2020, que garantiza mecanismos de participación ciudadana en decisiones ambientales. Si esa premisa no se cumple una eventual reforma de la norma podría caerse a pedazos en tribunales.
El proyecto que reabre el conflicto por la minería
La reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno ya obtuvo media sanción en el Senado el 26 de febrero, tras un tratamiento exprés en comisiones durante diciembre.
El proyecto modifica la normativa sancionada en 2010, que protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. La iniciativa de la Casa Rosada propone transferir mayor poder de decisión a las provincias para definir actividades en esas zonas, un reclamo sostenido por los gobernadores de las regiones mineras.
Con ese cambio, las provincias quedarían a cargo de los estudios de impacto ambiental y la habilitación de proyectos, mientras que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) —responsable del inventario nacional de glaciares— pasaría a tener un rol más acotado.
La iniciativa reactivó la discusión ambiental y despertó la reacción de organizaciones socioambientales, especialistas y sectores de la oposición que advierten sobre posibles conflictos jurídicos.
JD/CM
