El ataque de Irán sobre el complejo gasífero de Ras Laffan, en Qatar, vuelve a poner en el foco de la discusión las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei. Este miércoles, el mayor centro global de producción y exportación de gas natural licuado (GNL) sufrió «daños severos», por lo que el suministro de energía vuelve a estar en dudas. Frente a este panorama, surge una pregunta clave: ¿puede Argentina quedarse sin gas?
El 7 de marzo, el diputado nacional por Neuquén de Unión por la Patria, Pablo Todero, advirtió sobre la vulnerabilidad estructural del país frente a este tipo de crisis. A través de su cuenta en X, apuntó sobre la fuerte dependencia argentina del GNL importado, especialmente durante los picos de demanda invernal. Según su análisis, el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del GNL mundial, sumado a la paralización de instalaciones en Qatar, provocó una suba superior al 40% en los precios internacionales. Este escenario, además, intensificó la competencia entre países por asegurarse el suministro energético.
En mercados tensionados, los contratos pueden reconfigurarse rápidamente. En diálogo con La Pluma Diario, el diputado explicó que algunos cargamentos originalmente destinados a Europa fueron redirigidos hacia Asia, donde se ofrecieron mejores precios. En ese contexto, Argentina queda en desventaja por su menor capacidad de pago, lo que complica garantizar el abastecimiento en condiciones competitivas.
Si bien el riesgo de un desabastecimiento total no es inmediato, sí aparece como altamente probable un aumento significativo de los costos del suministro. Esto podría traducirse en subas de tarifas para los hogares, mayores costos para la industria y un efecto directo en la inflación y la competitividad económica.
El problema no es nuevo. Y lo más grave: era previsible. La primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, inaugurada en 2023, permitió transportar unos 16 millones de metros cúbicos diarios desde Vaca Muerta.
La segunda etapa, clave para elevar esa capacidad a cerca de 40 millones y abastecer al Litoral, Centro y Norte del país, sigue demorada. Esa obra no solo hubiera reducido drásticamente la necesidad de importar GNL, sino que también habría fortalecido la soberanía energética nacional.
El gobierno anterior dejó licitada esa segunda fase. La actual administración de Javier Milei decidió reformular el esquema y apostar al financiamiento privado, con una inversión estimada en US$ 2.500 millones y una fecha de operación proyectada para marzo de 2026. Sin embargo, las obras no avanzaron al ritmo necesario. Hoy, esa decisión estratégica empieza a mostrar sus costos. “El mercado no lo va a hacer”, advirtió el diputado neuquino. Su diagnóstico es claro: en contextos de crisis global, los países con mayor poder económico aseguran primero su abastecimiento, incluso pagando por encima de contratos previamente establecidos. Argentina, en cambio, queda relegada.
El impacto ya se hace sentir y podría agravarse. Para los hogares, el aumento del costo del GNL importado se traduce en subas de tarifas de gas y electricidad, con un efecto directo en el bolsillo. Se estima que este factor podría sumar entre 0,2 y 0,4 puntos a la inflación. Para la industria, implica mayores costos de producción, encarecimiento logístico y pérdida de competitividad.
Si la crisis internacional se prolonga, Argentina enfrentará una disyuntiva urgente: acelerar las inversiones en infraestructura propia o resignarse a pagar cada vez más caro por la energía que podría producir. En ese escenario, la soberanía energética deja de ser un eslogan y pasa a ser una urgencia concreta.
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