Casi un millón de personas se quedaron sin un ingreso mensual que les aportaba el programa estatal Volver Al Trabajo (VAT). Fue anulado por decisión de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. El monto es un Salario Social Complementario de 78.000 pesos, que no registra actualización alguna desde diciembre de 2023. Con la presidencia de Javier Milei esas líneas de apoyo comenzaron a ser asfixiadas en el Presupuesto y ahora fueron dadas de baja. La medida es subestimada dentro del gobierno, pero es el disparador de una inédita multiplicación de movilizaciones y cortes de ruta en todo el país. Se trata de la primera demostración de fuerza de esa magnitud desde el comienzo del gobierno libertario.
Así se cristalizó un nuevo examen político para Pettovello, quizás la única ministra que le lleva buenas noticias al Presidente. También es la única que tiene billetera habilitada para contener el impacto del ajuste en los sectores sociales más vulnerables y mitigar su empeoramiento. Por eso ha mantenido un incremento sostenido en el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. El diseño del ministerio de Capital Humano abarca a las áreas que fueron de Desarrollo Social, pero también incluye al exministerio de Trabajo, degradado a secretaría. El programa VAT depende del área que conduce Julio Cordero y su anulación abre un conflicto totalmente distinto a los que han afrontado antes.
La particularidad del reclamo es que implicó un ejercicio de unidad para organizaciones sociales que vienen afrontando dos años de duros golpes económicos pero también represivos en distintos puntos del país. El mes que viene, a partir del 5, los 950.000 afectados por la caída del VAT van a vivir la medida en sus cajeros automáticos. Quedan dos semanas para que el Gobierno revise la decisión o ingrese en un ciclo más agudo de movilizaciones y reclamos.
Este martes se movilizaron los dos grandes espacios articuladores de organizaciones sociales, con orientaciones politicas que van desde el peronismo hasta la izquierda. Las medidas implicaron movilizaciones en distintas rutas y caminos de todo el país, con quema de neumáticos sobre el asfalto. Participaron desde el Frente de Lucha Piquetero hasta la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que integra la CGT. Esta semana la mayor central obrera tendrá un encuentro con los dirigentes de las organizaciones sociales para sumarse al reclamo.
Los detalles de la protesta nacional
Según la Agencia de Noticias RedAcción (ANRed), que informa sobre conflictos sociales desde 1995, hubo nutridas marchas en Córdoba, Santa Fe, con foco en la Ciudad de Rosario, Jujuy y Trelew. Además se registraron «marchas y cortes en Neuquén, Rio Negro, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Salta, Entre Ríos, Chubut y Tierra del Fuego».
En la Provincia de Buenos Aires hubo marchas en Tandil, Bahía Blanca, San Nicolás, Pergamino y Mar del Plata, pero la atención se concentró en el Conurbano. Se habían anunciado seis cortes a los ingresos a la Capital y se cumplieron parcialmente. Los epicentros fueron, según ANRed: «Puente Pueyrredón (donde las organizaciones instalaron la “cabecera”), Puente La Noria, Puente Saavedra, Gral. Paz y Ruta 3 y Gral. Paz y Rivadavia, a lo que se sumó la Autopista Buenos Aires – La Plata, con dos cortes que tuvieron su particularidad, en la rotonda de acceso a La Plata y a la altura de Sarandí». Hubo otro en Burzaco.
Los cortes previstos no fueron totales porque en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires intervinieron efectivos de las fuerzas federales de seguridad, que contaron con el respaldo de bomberos para apagar los neumáticos encendidos en los cortes. Hubo tensión y forcejeos entre los manifestantes y los uniformados en distintos puntos. En esa delgada línea también se definirá la correlación de fuerzas entre la masividad de los reclamos y la decisión política del Gobierno de reprimir y perseguir a los manifestantes.
Sin embargo, quedó demostrado que las organizaciones que intervinieron cuentan con capacidad para organizar una medida de protesta con alcance nacional, que ahora exhibió una mayor cantidad de adherentes por el malhumor que se vive en los barrios. No sólo por la caída de un ingreso adicional, sino por la degradación de la capacidad de poder adquisitivo para cinco de millones de trabajadores de la economía informal que enfrentan nueve meses de incremento de la inflación y la caída masiva de puestos de trabajo. En ese universo, los 950.000 golpeados por la caída del VAT configuran un sensible incremento de la precariedad que ya atraviesan cotidianamente para sobrevivir.
Cuando lanzaron la medida nacional, las organizaciones advirtieron que la eliminación del VAT tendrá un impacto directo en los barrios populares, donde miles de trabajadores sostienen comedores comunitarios, tareas de cuidado, reciclado y múltiples actividades sociales esenciales. Los 78.000 pesos, aunque insuficientes, resultan fundamentales para garantizar condiciones básicas de vida y el sostenimiento de redes comunitarias que dan respuesta a situaciones de emergencia social.
Esa arquitectura comenzó a ser jibarizada por Pettovello desde diciembre de 2023. La acumulación de ese proceso llegó a este punto que, al menos por ahora, parece sin retorno porque en el Gobierno no abrieron ninguna instancia de negociación. Hubo esfuerzos por parte de las organizaciones, que llegan a la interlocución con los funcionarios oficiales con muchas más herramientas que en otros momentos. Pero también con articulaciones colectivas más consistentes y con capacidad de canalizar el malhumor que se empieza a vivir en los rincones más golpeados por la crisis.
En el Gobierno relativizan el impacto del malestar y se aferran a sus propias estimaciones para poner al reclamo dentro de la «batalla cultural» que impulsan. Debajo de la subestimacíón hay una pulseada ciega dentro del Ejecutivo sobre la aplicación de la motosierra profunda.
El ministro de Economía, Luis Caputo, recibe quejas de sus propios colegas por el impacto del ajuste. La semana pasada Pettovello habilitó la difusión de un comunicado para despegarse de los problemas en el PAMI y recordar que depende del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, uno de los más afectados por el ajuste que impone Hacienda, pero no se queja. En Capital Humano la situación es mucho más delicada y las consecuencias del conflicto que se desató con la caída del VAT serán parte de la misma disputa entre Pettovello y Caputo.
CM
