Las últimas horas se volvieron particularmente turbulentas para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial y un vuelo privado a Punta del Este se le sumó una batería de denuncias penales, presentaciones ante organismos de control, pedidos de informes en el Congreso y un proyecto para interpelarlo en la Cámara de Diputados. En paralelo, comenzaron a circular cuestionamientos por licitaciones millonarias en áreas bajo su órbita.
En ese contexto, distintos actores políticos y judiciales activaron mecanismos de control que van desde investigaciones preliminares por posibles delitos hasta iniciativas parlamentarias para que el funcionario dé explicaciones públicas.
Denuncias por el uso de recursos públicos
Una de las primeras presentaciones fue ampliada por el abogado Gregorio Dalbón, quien incorporó al expediente tanto la presencia de Bettina Angeletti —esposa de Adorni— en el avión presidencial durante la gira a Estados Unidos como el viaje posterior en un jet privado a Punta del Este.
La denuncia sostiene que ambos episodios podrían implicar la utilización de recursos vinculados al ejercicio de la función pública para viajes de carácter personal y solicita distintas medidas de prueba, entre ellas informes a la Administración Nacional de Aviación Civil y a la empresa de taxis aéreos que operó el vuelo a Uruguay. El expediente quedó radicado en el juzgado federal que actualmente subroga Ariel Lijo.
A esa causa se sumó otra denuncia impulsada por los diputados nacionales Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano. En esa presentación se plantea la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias a partir de los mismos episodios.
Los legisladores solicitaron la apertura de una investigación penal, la citación testimonial de la esposa del funcionario y del periodista de la TV Pública Marcelo Grandio —quien también habría viajado en el vuelo privado— y la incorporación de información de la Dirección Nacional de Migraciones sobre los movimientos migratorios del funcionario.
También pidieron que declare como testigo el periodista Sebastián Lacunza, autor de la investigación periodística que reveló el viaje en jet privado a Punta del Este.
El viaje en el avión presidencial
En paralelo, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal específica por el traslado de Angeletti en la aeronave presidencial ARG-01 durante la gira oficial del Gobierno a Estados Unidos.
La presentación sostiene que el hecho podría encuadrar en los delitos de peculado, defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad, al considerar que una persona sin función pública habría sido trasladada en un bien del Estado destinado exclusivamente a misiones oficiales.
La denuncia pide determinar si existió una autorización formal para incorporar a la esposa del funcionario en la comitiva, cuál fue el costo del traslado y si participaron otros funcionarios en la decisión.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició una investigación
Mientras se acumulaban las denuncias, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió de oficio una investigación preliminar para analizar posibles irregularidades vinculadas a los viajes del jefe de Gabinete.
Ese organismo, especializado en casos de corrupción en la administración pública, comenzó a recopilar información sobre el traslado de la esposa del funcionario en la gira a Estados Unidos y sobre el vuelo privado a Uruguay.
Presentación ante la Oficina Anticorrupción
Otro de los frentes se abrió en el plano administrativo. El dirigente radical Agustín Rombolá presentó una solicitud ante la Oficina Anticorrupción para que se investigue la regularidad administrativa y ética del traslado de una persona sin cargo público en una aeronave oficial.
La presentación solicita que se analice la documentación del viaje, la autorización administrativa, la integración de la comitiva y los costos del traslado.
Pedidos de informes e interpelación en el Congreso
En el plano parlamentario, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Gobierno detalle quién pagó el viaje de la esposa de Adorni, qué función cumplía dentro de la comitiva y si se evaluaron posibles incompatibilidades o conflictos de intereses.
Al mismo tiempo, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados impulsó un proyecto para interpelar al jefe de Gabinete. La iniciativa fue presentada por el espacio que conduce el diputado Germán Martínez.
El proyecto plantea citar al funcionario en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional para que explique las presuntas irregularidades vinculadas al uso de bienes del Estado y el origen de los fondos utilizados para el viaje privado a Uruguay. El mismo artículo establece que el Congreso puede debatir una moción de censura contra el jefe de Gabinete.
Licitaciones millonarias bajo la lupa
A la par de los cuestionamientos por los viajes, surgieron denuncias sobre licitaciones impulsadas por áreas bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade difundió documentación sobre contratos para servicios de envío masivo de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas que, según su denuncia, podrían superar los diez millones de dólares.
Entre los casos señalados figura una licitación adjudicada por más de 3.600 millones de pesos para servicios de comunicación digital, además de otras compulsa abiertas desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Los contratos, según el legislador, se financiarían con fondos provenientes de préstamos del Banco Mundial.
La escasa defensa de Adorni
Frente a la polémica, Adorni sostuvo públicamente que la presencia de su esposa en la gira oficial “no le costó un solo peso al Estado” y explicó que decidió invitarla a acompañarlo durante el viaje a Nueva York. Sobre el vuelo privado a Punta del Este, afirmó que el traslado fue pagado con dinero propio.
Las explicaciones no frenaron, sin embargo, la apertura de investigaciones y la presentación de nuevas denuncias. En menos de dos días, el caso escaló desde un cuestionamiento político por el uso del avión presidencial a un escenario con múltiples frentes judiciales, administrativos y parlamentarios que ahora deberán determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos.
