Argentina tenía razón cuando expropió YPF a través de una ley votada por el Congreso de la Nación en 2012. El fallo de la segunda instancia de la Justicia de Nueva York explica que no se violó la ley nacional. Argentina siempre tuvo razón. Incluso cuando el gobierno de Cristina Kirchner explicaba que el proceso fue legal, defendiéndose de los ataques de los fondos buitre, Mauricio Macri y Javier Milei, Argentina también tenía razón.
Cuando la expresidenta, junto al entonces ministro de Economía Axel Kicillof, estatizaron el 51% de la petrolera que estaba en manos de Repsol, dieron por finalizado el declive de la producción de la principal compañía del sector. De 1999 a 2011, la producción de crudo se había derrumbado 42% y la de gas 39%. Gracias a la intervención del Gobierno, los números los revirtió rápidamente a un crecimiento del 16% y 25%, respectivamente, entre 2012 y 2015. Además, frenaron el reparto grosero de las ganancias entre los dueños, que superaba los US$ 1.300 millones anuales (a excepción de los casi US$ 3 mil millones que se entregaron en 2008). Tras la nacionalización, las utilidades distribuidas disminuyeron a US$ 67 millones en el primer año: 96% menos. Es que los resultados se utilizaron en la empresa, al punto de que las inversiones las incrementaron 96% rápidamente para 2014, con US$ 5.830 millones desembolsados.
La nacionalización de YPF permitió también el desarrollo de Vaca Muerta. Los presidentes de algunas petroleras privadas lo admitieron años después: si el Estado no daba el primer paso en el descubrimiento del gas no convencional, ninguna compañía se hubiera lanzado de la forma en que lo hicieron. La autonomía energética que hoy consiguió Argentina necesitó de ese primer paso. Y luego, por supuesto, de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, para poder repartir el gas desde las cuencas por el país.
A esa meta se apuntó desde el primer momento cuando se tomó cada una de estas medidas: Argentina para los argentinos. De ahí también surgió el concepto de que YPF no pueda exportar su producción, sino destinar el 100% del producto al mercado nacional, porque los argentinos y los precios accesibles venían primero. Aunque no todos compartieron luego esas prioridades.
“Es un fallo histórico”, celebró el gobierno libertario sobre el resultado judicial de la batalla de más de una década que se peleó los tribunales estadounidenses. Lo es. Y le da la razón a los argumentos que utilizaron Cristina Kirchner y Axel Kicillof en 2012 para expropiar a la compañía.
La Resolución 551/2021 del Ministerio de Economía de Martín Guzmán sancionada el 02 de septiembre de ese año y publicada en el Boletín Oficial al día siguiente también jugó un rol fundamental. A través de esa herramienta, el Estado cambió de estudio de abogados por pedido de la la Procuración del Tesoro de la Nación.
Sullivan & Cromwell, que ya había arrancado a trabajar en 2020 para el país, fue oficializada como la firma a cargo de los procedimientos judiciales relacionados con la deuda soberana con trámite ante Estados Unidos y Gran Bretaña y un caso derivado de la expropiación del capital accionario mayoritario de YPF.
Milei, cuando asumió en Casa Rosada, no prescindió de sus servicios ni modificó los argumentos al apelar la resolución de primera instancia contraria al Estado. Ganó la pulseada el peronismo. El gobierno libertario tuvo el mérito de conservar el equipo.
Es cierto que el Ejecutivo estadounidense se presentó ante los tribunales a favor de Argentina, pero no fue el primer expediente ni gobierno donde eso ocurrió. De hecho, especialistas alertan que la falta de cautela de Javier Milei al destacar las gestiones de Donald Trump para la resolución puede resultar fatal: los jueces estadounidenses tienen mayor independencia del gobierno de turno y, si consideran estas declaraciones como agravios pueden llegar a aceptar una eventual apelación del fondo buitre Burford en la Corte Suprema.
Kicillof, en una entrevista con el diario Perfil, dijo que Milei “tendría que reconocer primero que estuvo bien nacionalizar YPF y, segundo, que no fue ilegal el modo de hacerlo y que no ocasiona un perjuicio”. No sólo antes de esta sentencia, sino que también en la cadena nacional, el jefe de Estado opinó que “expropiar es robar, y robar está mal”. Incluso había propuesto en su momento crear una “tasa Kicillof” para que los ciudadanos estén compelidos a aportar dinero para pagarle a los fondos buitres. Es que Milei siempre creyó que Burford tenía razón.
Porque, para Milei y su asesor estrella que denunció en medio de un escándalo de corrupción Demián Reidel, el problema de Argentina son los argentinos. La Justicia de Estados Unidos, el país que admiran, les acaba de demostrar su equivocación: Argentina es para los argentinos.
Máximo: “El fallo es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera”
El diputado nacional Máximo Kirchner presentó el viernes en la Cámara de Diputados un proyecto que reafirma que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF “fue la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de nuestra República Argentina”. En sus fundamentos, señaló que “es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo”.
El proyecto expresa el beneplácito por el fallo favorable que confirmó la correcta actuación del Estado. Kirchner señaló que “no es simplemente un éxito procesal; es la validación internacional de la soberanía jurídica de la República Argentina. Este fallo, que revoca la sentencia de primera instancia y les da la razón a los argumentos esgrimidos por la República Argentina en la causa, pone freno a una extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los US$ 16.100 millones”.
Aprovechó para señalar a otro actor que intentó sacar rédito del asunto: Mauricio Macri. Planteó que “si en 2016 se hubiera mantenido la resistencia jurídica y política que se sostuvo en el caso YPF” para con los fondos buitre por la deuda soberana, Argentina podría haber evitado el ciclo de endeudamiento posterior. “Pagar en 2016 fue una decisión ideológica y de mercado; resistir en el caso YPF fue una decisión de Estado”, sentenció.
