La investigación judicial sobre el vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para viajar a Punta del Este sumó este jueves un nuevo elemento clave: la declaración de un testigo que aseguró que el traslado fue abonado por el periodista de la TV Pública Marcelo Grandio.
El juez Ariel Lijo ordenó continuar con la recolección de pruebas para esclarecer si existió algún tipo de contraprestación indebida vinculada al pago del vuelo. La situación de Grandio también podría quedar bajo análisis y las pesquisas judiciales continuaron con allanamientos en la TV Pública para incautar los contratos que unen al periodista con el Estado. Fue realizado por efectivos de la PSA, a diferencia del allanamiento en el aeropuerto de San Fernando a la empresa Alpha Centauri, efectuado por la Policía Federal.
Grandio es amigo de Adorni y tiene una productora llamada Imhouse S.A.. Es la productora de los programas del periodista libertario en el canal público pero también aparece como parte de la compra de uno de los vuelos durante los feriados de Carnaval. La empresa se conecta con Alpha Centauri por eso.
Los datos aportados en el expedientes surgen de la declaración por más de cuatro horas de Agustín Issin, quien figura como el responsable de la facturación del vuelo. Se presentó espontáneamente en los tribunales federales de Comodoro Py y afirmó que el pago estuvo a cargo de Grandio. Lijo se estaba preparando para enviar un exhorto diplomático a Uruguay, porque el domicilio del piloto está radicado en ese país.
La declaración complica a Adorni quien aseguró esta semana en conferencia de prensa que había sido él quien pagó el traslado tanto de ida como de vuelta a las playas uruguayas.
Issin, piloto de 46 años y revendedor de tickets privados explicó que adquirió el paquete de vuelos el pasado 9 de febrero. Su testimonio fue incorporado al expediente que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, quien busca determinar si el financiamiento del viaje podría encuadrarse como una dádiva o formar parte de un eventual intercambio de favores vinculado a la función pública.
El vuelo en cuestión se realizó en un avión Honda Jet, matrícula LV-HWA, operado por la empresa Alpha Centauri. En el sector aerocomercial estiman que el costo de este tipo de servicio —considerado de alta gama dentro de la aviación ejecutiva— ronda los 10.000 dólares por tramo para un recorrido de ida y vuelta, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes.
La causa se enmarca en un contexto político delicado para el Gobierno, que enfrenta cuestionamientos por la conducta de algunos de sus funcionarios. En este escenario, desde el oficialismo admiten que se puso en marcha una estrategia de “control de daños”, orientada a reducir el impacto mediático del caso.
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