La tradicional movilización de jubilados de los miércoles frente al Congreso sumó este miércoles el respaldo de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y distintos espacios políticos opositores, en una jornada marcada por reclamos por el poder adquisitivo de las jubilaciones, cuestionamientos a las políticas del Gobierno y un importante operativo de seguridad.
Como ocurre semanalmente desde hace años, los jubilados se concentraron en la Plaza del Congreso para exigir una mejora en los haberes y denunciar el impacto del ajuste económico. En esta oportunidad, la convocatoria tuvo una mayor dimensión debido al acompañamiento de las centrales sindicales y organizaciones sociales, que integraron columnas provenientes de distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Antes de llegar al Congreso, parte de las organizaciones protagonizó una protesta en la zona del Puente Pueyrredón, donde se registraron momentos de tensión con las fuerzas federales durante un operativo destinado a impedir cortes totales de circulación. Más tarde, las columnas se trasladaron hacia el centro porteño para confluir con la marcha de los jubilados.
Durante la movilización, los manifestantes reclamaron una recomposición de los haberes previsionales, mejoras en la cobertura de medicamentos y cuestionaron el congelamiento del bono extraordinario que perciben quienes cobran la jubilación mínima. También expresaron preocupación por el costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo.
En paralelo, organizaciones sociales rechazaron la eliminación del programa Volver al Trabajo y advirtieron sobre el impacto de la medida en los sectores más vulnerables. Sus dirigentes anticiparon que continuarán con un plan de protestas durante las próximas semanas.
Desde la CGT, el cosecretario general Jorge Sola ratificó el apoyo de la central obrera al reclamo de los jubilados y cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno, al sostener que aún existen planteos judiciales sobre su constitucionalidad. Además, confirmó que la central participará de nuevas movilizaciones previstas para agosto y septiembre y dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia un paro general si no hay cambios en la situación social.
La jornada transcurrió bajo un fuerte operativo de seguridad alrededor del Congreso, con vallados y restricciones al tránsito en varias cuadras del centro porteño. También se registraron desvíos en el transporte público y el cierre temporal de accesos en la zona.
La movilización reflejó el regreso de una mayor articulación entre sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas opositoras en las calles, en un contexto de creciente conflictividad social y con una agenda de nuevas protestas ya anunciadas para las próximas semanas.
También hubo distintas miradas sobre el acompañamiento sindical. Un integrante de la agrupación «Los 12 Apóstoles» cuestionó el respaldo de las centrales obreras y sostuvo: «Hoy es un día que vienen todos. Y después el miércoles que viene estamos solo nosotros, los de siempre». En cambio, otra jubilada valoró la convocatoria y afirmó: «Se tendría que sumar todo el pueblo. Estamos en una situación tan difícil que necesitamos apoyar a todos los sectores».
Desde la CGT, el cosecretario general Jorge Sola reiteró las críticas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. «La rechazamos, creemos que retrocede en derechos», sostuvo, y advirtió que existen planteos judiciales pendientes sobre su constitucionalidad. Además, señaló que la central obrera continuará acompañando los reclamos sociales y confirmó la participación en nuevas movilizaciones previstas para las próximas semanas.
Por su parte, el dirigente social Eduardo Belliboni llamó a fortalecer la unidad de los sectores que rechazan las políticas oficiales. «Tenemos que impulsar una unidad de los trabajadores para frenar esta barbaridad», afirmó, al tiempo que cuestionó la eliminación del programa Volver al Trabajo y la situación de quienes se desempeñan en comedores comunitarios.
AL/CM
