El Gobierno de Javier Milei profundizó su política de cobertura de vacantes en el Poder Judicial con una nueva tanda de designaciones oficializadas este miércoles en el Boletín Oficial. La decisión completa un proceso que comenzó a fines de junio, cuando el Ejecutivo avanzó con decenas de nombramientos de jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos habían sido aprobados por el Senado, aunque volvió a dejar afuera a la jueza María Verónica Michelli.
Con los decretos publicados este 22 de julio, la administración libertaria oficializó 28 nuevos nombramientos en distintos tribunales del país y en el Ministerio Público. La mayor concentración de designaciones se produjo en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde asumieron cinco nuevos jueces de cámara: Claudio Fabián Loguarro (Sala III), Diego Javier Tula (Sala II), Marina Edith Pisacco (Sala VI), Diego Fernando Manauta (Sala V) y María Claudia Jueguen (Sala X).
La renovación de ese tribunal adquiere especial relevancia en medio del impulso oficial a la Reforma Laboral, ya que la Cámara del Trabajo será una de las instancias encargadas de revisar la aplicación e interpretación de las nuevas normas.
Además, el Ejecutivo designó magistrados en tribunales orales criminales y federales de la Ciudad de Buenos Aires y de distintas provincias. Entre ellos figuran Juan Carlos Riccardini, Mariano Adolfo Klumpp y Paula Vanesa Romeo en tribunales orales porteños; María Virginia Ise en la Cámara Federal de Resistencia; Santiago French en la Cámara Federal de Salta; Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo en Tucumán; Ruth María Ponce de León en Posadas; Bernardo María Rodríguez Palma en San Martín; Santiago José Martín en Mar del Plata y Juan Tomás Rodríguez Ponte en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.
En paralelo, también fueron oficializados nombramientos dentro del Ministerio Público. Amanda Espino fue designada defensora pública oficial ante los tribunales orales de la Capital Federal y María Laura Irastorza como defensora pública de víctimas en Río Negro. A su vez, asumieron nuevos fiscales federales, entre ellos Patricio Nicolás Sabadini (Resistencia), Fernando Gabriel Alcaraz (Mendoza), Hugo Daniel Froy (Paso de los Libres) y Juan Marcelo Burella Acevedo (Corrientes).
Las nuevas designaciones se suman a las 70 oficializadas por el Gobierno a fines de junio. En aquella oportunidad, el Ejecutivo nombró 47 magistrados mediante decretos publicados el 25 de junio, que se agregaron a otras 23 designaciones realizadas previamente. Sin embargo, cuatro pliegos aprobados por el Senado quedaron sin ejecución, entre ellos el de María Verónica Michelli.
La magistrada había obtenido el acuerdo de la Cámara alta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, pero el Presidente decidió no firmar su decreto de designación.
Inicialmente, desde el oficialismo se vinculó esa decisión con la relación familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, una explicación que generó cuestionamientos tanto en ámbitos judiciales como políticos.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia sostuvo una justificación distinta. El ministro Juan Bautista Mahiques afirmó que el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata aún no se encuentra habilitado para funcionar y que, por ese motivo, el Gobierno resolvió postergar no solo el nombramiento de Michelli sino también el de Carlos Fabián Cuesta, María Julia Sosa y Ana María Cristina Juan, cuyos cargos también corresponden a tribunales que todavía no fueron puestos en funcionamiento.
Según la cartera de Justicia, el Consejo de la Magistratura aún debe completar el proceso administrativo para habilitar esos órganos judiciales, incluyendo la búsqueda de edificios, equipamiento e infraestructura. Desde el Gobierno sostienen que los decretos serán firmados cuando esos tribunales estén en condiciones de comenzar a operar y remarcan que existen antecedentes de designaciones aprobadas por el Senado que permanecieron pendientes durante años por situaciones similares.
No obstante, la decisión sigue siendo observada con atención debido a que, hasta el momento, no existe una norma que impida formalizar el nombramiento de magistrados antes de la efectiva habilitación del tribunal al que fueron destinados.
Con esta nueva serie de decretos, el Gobierno continúa avanzando en la cobertura de cargos vacantes dentro de la Justicia federal y nacional, una política que el Ministerio de Justicia considera prioritaria para reducir el nivel de subrogancias y normalizar el funcionamiento de los tribunales.
Al mismo tiempo, la fuerte presencia de designaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo coloca el foco sobre uno de los fueros con mayor incidencia en la agenda del Ejecutivo, especialmente frente a la implementación de las reformas laborales impulsadas por la administración de Javier Milei.
AL/CM
