Cerca de 25 clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa suspenderán la atención programada a los afiliados de PAMI durante las 24 horas del próximo lunes. Es la primera vez en la historia que el sector privado patagónico corta las prestaciones, luego de meses de restricciones parciales.
La medida afectará a unos 300.000 afiliados de la obra social de los jubilados en las cuatro provincias. Para buena parte de esas instituciones, PAMI representa entre el 25% y el 55% de su facturación total, lo que explica el impacto directo de cualquier atraso en los pagos sobre la operatoria diaria.
El anuncio se suma a una seguidilla de protestas que el sector viene sosteniendo desde hace meses sin obtener una respuesta que revierta el atraso en los pagos.
El reclamo central de los prestadores es la brecha entre los costos y los aranceles que reconoce PAMI. De acuerdo a sus cálculos, la inflación acumulada en los últimos dos años y medio llegó al 341%, mientras que las actualizaciones autorizadas por el organismo alcanzaron apenas el 143% en el mismo período.
Esa diferencia implica, según los prestadores, una pérdida del valor real de los aranceles cercana al 75%. El aumento comprometido por PAMI para este año ronda el 6% en términos reales y recién se hará efectivo en octubre, un porcentaje que consideran insuficiente para revertir el deterioro acumulado.
Desde junio, las clínicas ya venían aplicando restricciones parciales en guardias, derivaciones y cirugías programadas, un esquema que el lunes escalará a un corte total de los servicios. El sector privado sostiene alrededor del 65% de la atención sanitaria en la región y emplea de forma directa a más de 10.000 personas.
Una crisis incontenible
El corte patagónico es apenas la cara más visible de una crisis que golpea a la obra social más grande del país, con más de cinco millones de afiliados. El organismo acumula una deuda estimada en más de 500.000 millones de pesos con clínicas, sanatorios, farmacias, laboratorios y profesionales médicos de todo el territorio nacional.
El 5 de agosto, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, y su segundo, Carlos Zamparolo, pusieron sus cargos a disposición. El Ministerio de Salud no aceptó las renuncias y la Casa Rosada decidió congelar los cambios mientras se define una reconfiguración interna más amplia del organismo, en medio de una parálisis operativa que ya lleva semanas.
Leguizamo, además, fue imputado y citado a declarar en una causa penal que investiga desobediencia y abuso de autoridad. La causa se originó en la negativa del organismo a acatar un amparo judicial que exigía restituir el programa «Vivir Mejor», que garantizaba la cobertura automática de medicamentos a jubilados de todo el país.
En el vacío de poder que dejaron las renuncias no aceptadas, ganó protagonismo la síndica general María Florencia Zicavo, designada en abril y proveniente de la estructura del Ministerio de Justicia, que pasó a incidir en la conducción operativa cotidiana del organismo, por fuera de su rol formal de control y auditoría.
La continuidad del ministro de Salud, Mario Lugones, también quedó en duda tras la salida en julio de su viceministro, Guido Giana. Al cuadro se suma el paro de 72 horas que llevaron adelante médicos de cabecera y odontólogos del sistema, en reclamo por honorarios adeudados y en rechazo al esquema de pago por cápitas.
JL/CM
