El gobierno de Javier Milei avanza con una nueva etapa del ajuste estatal enfocada en los organismos descentralizados, con el objetivo de profundizar la reducción del gasto público y disminuir la cantidad de empleados nacionales. La estrategia es impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios de mayor influencia dentro del gabinete libertario.
En esta instancia, el mecanismo principal elegido por la Casa Rosada para avanzar con los recortes es a través de un programa de retiros voluntarios. El Ejecutivo considera que esta modalidad permite acelerar la reducción de personal y, al mismo tiempo, evitar futuros litigios judiciales por despidos. La meta inicial del Gobierno sería alcanzar unas 5000 bajas durante el primer tramo de 2026.
Hasta el momento, más de 2000 trabajadores habrían dejado sus puestos mediante acuerdos voluntarios en distintos organismos del Estado. Entre las áreas más afectadas aparecen la Administración Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Dirección Nacional de Vialidad. Solo entre ANSES y Vialidad, fuentes oficiales estiman cerca de 2000 desvinculaciones.
En el caso de ANSES, más de 1200 empleados ya aceptaron los retiros voluntarios, mientras que en el INTA las salidas rondarían las 500. El plan también podría extenderse próximamente a otros organismos como el PAMI, donde se analiza implementar un esquema similar. El organismo de salud para jubilados cuenta con más de 12 mil trabajadores y ya atravesó fuertes recortes en servicios y medicamentos.
La política de reducción del empleo público también alcanza a los medios estatales. El programa de retiros voluntarios ya se encuentra vigente en Radio y Televisión Argentina y en Contenidos Públicos, sectores que en conjunto tenían más de 2200 empleados. Además, no se descarta que la medida se amplíe a la Casa de la Moneda en las próximas semanas.
Desde el Gobierno sostienen que el costo inicial de las indemnizaciones se compensa rápidamente con el ahorro en salarios y eventuales juicios laborales. Los acuerdos contemplan pagos equivalentes a alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año trabajado. Como condición, quienes adhieran no podrán regresar al Estado durante cinco años, salvo que devuelvan el dinero percibido.
De acuerdo con datos oficiales del INDEC, el Sector Público Nacional contaba en marzo de 2026 con 276.104 empleados. Desde el inicio de la gestión de Milei, el Ejecutivo asegura haber eliminado más de 61 mil puestos en el Estado nacional. Tras una primera etapa centrada en la administración centralizada, la nueva ofensiva apunta ahora a los organismos descentralizados, en línea con la política de “achique del Estado” promovida por la administración libertaria.
AL/CM
