Con intención de cambiar radicalmente su política de ingresos para incidir en las elecciones, el Gobierno pretende que las paritarias de los empleados sindicalizados cierren salarios mínimos de $ 1 millón bruto. En paralelo, el Ejecutivo volverá este viernes a sentar en una misma mesa a representantes sindicales y empresarios para discutir una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La reunión del Consejo del Salario será la primera del año y se realizará en un contexto laboral marcado por la precariedad, especialmente entre los trabajadores más jóvenes.
La Secretaría de Trabajo busca impulsar paritarias de los sectores privados con un salario mínimo garantizado de $ 1.070.000 brutos para agosto de 2026, que representan $860.000 en mano. “Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después Trabajo lo homologa”, señalaron fuentes oficiales a La Nación, y agregaron: “Ya se lo estamos comunicando, sobre todo a las que tienen salarios por debajo de eso, como Maestranza, Uocra (construcción) y Sanidad”.
Desde el Gobierno sostienen que un piso salarial más elevado contribuiría a fortalecer el consumo y consolidar la desaceleración inflacionaria sin generar un impacto fiscal adicional, ya que la mejora provendría principalmente de acuerdos entre privados y no de una decisión unilateral sobre el salario mínimo, informó NA.
La discusión se produce horas más tarde de conocerse los resultados del informe “Juventudes desiguales: entre la promesa y la exclusión”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. El estudio muestra que apenas el 14,2% de los jóvenes de entre 18 y 25 años tiene un empleo pleno de derechos. En el resto de los casos, aparecen distintas formas de precariedad, desempleo o inactividad.
Asimismo, el informe señala que el 36,6% de los jóvenes está inactivo, mientras que otro 22,5% combina empleo irregular con desempleo reciente. Es decir, casi siete de cada diez no logran una inserción laboral estable y protegida.
La convocatoria fue formalizada por la Secretaría de Trabajo y contempla una reunión virtual de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo a las 10, mientras que el plenario del Consejo comenzará a las 12.30. En caso de que no se alcance la mayoría necesaria para aprobar una resolución, está prevista una segunda sesión a las 14.
El organismo no se reunía desde noviembre de 2025, cuando empresarios y representantes sindicales no lograron ponerse de acuerdo y el Poder Ejecutivo terminó fijando el incremento mediante un laudo. La agenda de este viernes contempla dos cuestiones centrales: la determinación de un nuevo valor para el Salario Mínimo, Vital y Móvil y la actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.
La discusión parte de un salario mínimo que actualmente se ubica en $ 376.600 mensuales para los trabajadores mensualizados a tiempo completo.
Mientras el Consejo deberá discutir cuánto aumenta ese monto, la Secretaría de Trabajo de la Nación impulsa un esquema para que los acuerdos paritarios aseguren ingresos mínimos de al menos 1 millón de pesos, una meta que busca consolidar la recuperación del poder adquisitivo sin modificar de manera abrupta el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La pérdida del salario mínimo durante el Gobierno de Milei
La reunión también llega después de una fuerte erosión del poder adquisitivo del salario mínimo durante los últimos años. Según un análisis del IIEP-UBA, el salario mínimo acumuló una pérdida real del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026. El valor actual quedó, en términos reales, muy por debajo de los niveles alcanzados en años anteriores.
La demora en convocar al Consejo también forma parte del contexto. El organismo vuelve a reunirse después de varios meses y deberá discutir ahora una actualización para un piso salarial que quedó rezagado frente a la evolución de los precios.
El problema no es solamente cuánto sube el salario
La discusión salarial, por lo tanto, ocurre sobre un mercado laboral en el que el acceso a un empleo formal constituye todavía una barrera para una parte importante de la población joven.
El informe de la UCA pone el foco precisamente en ese problema: no alcanza con conseguir un trabajo; el desafío es acceder a una inserción estable y protegida. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, apenas el 14,2% alcanza ese nivel de empleo.
La discusión de este viernes representa algo más que una negociación sobre un número. Mientras el Gobierno busca fijar nuevos pisos salariales, los datos de la UCA muestran la otra cara del mercado laboral: para millones de trabajadores, especialmente jóvenes, el problema todavía empieza antes de discutir cuánto cobrar.
RM/EO
