El plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor de Diputados terminó este martes con un resultado abierto: La Libertad Avanza, con el PRO y la UCR, se quedó con el dictamen de mayoría sobre endeudamiento familiar gracias a la composición de ambos plenarios, donde el oficialismo y sus aliados tienen mayoría propia. Consiguió 32 firmas, dos de ellas en disidencia. Pero ese número no alcanza para cantar victoria: la sesión en el recinto, prevista para el 7 de octubre —la misma fecha en la que también se trataría la prórroga de la Emergencia en Discapacidad—, todavía no tiene los votos garantizados para el oficialismo.
El problema de fondo es que según los datos que circularon en el debate, la mora llega al 12,5% en el sistema bancario y trepa al 31,5% en las fintech, sobre un saldo total de crédito que ronda los 165 billones de pesos. De los 20 millones de personas endeudadas en el país, cerca de 6 millones están directamente en mora. Con esos números sobre la mesa, la pulseada legislativa no fue tanto por el diagnóstico —que nadie discutió— sino por si el Congreso debe fijar reglas obligatorias sobre tasas y plazos o si alcanza con dar más información al consumidor.
La oposición no llegó unida del todo, pero sí lo suficientemente cerca como para incomodar al oficialismo. Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica lograron consensuar un dictamen conjunto que sumó 27 firmas, apenas cinco menos que el texto libertario. Los diputados de Argentina Federal, por su parte, presentaron una tercera iniciativa propia, con solo dos firmas, que crea un «Programa Nacional de Desendeudamiento» con tasa fija máxima del 35% anual para quienes ganan hasta diez salarios mínimos. Ninguno de los tres, sin embargo, define todavía qué pasará en el recinto: ese resultado depende, otra vez, de los diputados que responden a los gobernadores provinciales.
La emergencia que impulsa la oposición
El proyecto que reunió a UxP, Provincias Unidas y la CC declara la emergencia por sobreendeudamiento durante 180 días, con posibilidad de extenderla por otro período igual. Podrán acceder al régimen quienes, al 31 de agosto, tuvieran una mora de 60 días o más, o quienes sin estar en mora destinen más del 30% de los ingresos del grupo familiar al pago de créditos de consumo, siempre que el capital adeudado no supere el equivalente a dos Canastas Básicas Totales del Hogar 2 —hoy, unos 3,2 millones de pesos—. A cambio, ofrece condonación total de intereses punitorios, freno de embargos y ejecuciones, cuotas de al menos 12 meses que no superen el 30% de los ingresos, y una tasa tope atada a la TAMAR más 25 puntos porcentuales. Entre las firmas del proyecto figuran la peronista Jimena López, Nancy Sand, Eduardo Valdés, Andrea Freites y Juan Pablo Luque.
Hubo, además, dos propuestas individuales que no llegaron a plasmarse en un dictamen propio pero marcaron matices dentro de la oposición y los bloques aliados a los gobernadores. El desarrollista Eduardo Falcone planteó una salida centrada en bajar o eliminar impuestos —IVA nacional e Ingresos Brutos provinciales— sobre los intereses de los créditos, en lugar de tocar las tasas directamente. Y la cordobesa Alejandra Torres, de Provincias Unidas, propuso una línea de créditos UVA a tasa fija del 7,5% anual y cinco años de plazo, fondeada con recursos del FGS de la ANSES, para quienes están en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central.
Qué dice el texto firmado por LLA, PRO y UCR
El proyecto oficialista, en cambio, no toca tasas ni plazos. El dictamen firmado por el presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, al que accedió La Pluma, exige que cada operación de crédito muestre el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) «con adecuada relevancia» y de forma discriminada de la carga tributaria —IVA, Ingresos Brutos, Sellos y el impuesto a los créditos y débitos bancarios—, y obliga a informar de manera reforzada en los créditos de corto plazo o de «comprensión compleja».
También habilita el acceso gratuito al perfil de riesgo crediticio a través de la Central de Deudores y el Sistema de Finanzas Abiertas, crea un «botón de arrepentimiento» para revocar un crédito contratado a distancia dentro de los diez días hábiles, y suma un mecanismo de control parental para notificar consumos hechos por menores de 18 años con tarjetas de crédito. El texto designa al Banco Central como autoridad de aplicación, fija un plazo de reglamentación de 90 días y aclara expresamente que las nuevas reglas no podrán modificar de manera retroactiva tasas, plazos ni condiciones de los contratos vigentes.
Según pudo saber La Pluma de fuentes del oficialismo, el criterio que guió la redacción fue no tocar los contratos en curso ni desalentar el otorgamiento de crédito futuro: «Cumplimos las condiciones que nos habíamos planteado al abordar el tema, no meternos en relaciones contractuales vigentes ni afectar el sistema de créditos futuros. Nuestro enfoque es pro crédito y crecimiento del mercado», señalaron desde ese sector. El oficialismo sostiene, además, que la intervención estatal directa no hace falta porque el problema ya estaría encaminado: citan más de 500 mil refinanciamientos bancarios acordados y cerca de 2 millones de personas en mora con algún esquema de refinanciación en billeteras virtuales.
Los tensos cruces en el debate
El debate en comisión terminó pareciéndose más a un anticipo de la sesión del 7 de octubre que a una discusión técnica. La libertaria Silvana Giudici, autora del proyecto oficialista, fue la más dura contra la propuesta opositora: «Poner topes a tasas, plazos obligatorios y condonaciones nos retrotrae al punto en que estuvimos con la ley de alquileres que quebró el mercado. No aprendieron lo suficiente, pero es más fácil el populismo«. Del otro lado, el kirchnerista Itaí Hagman calificó al texto libertario de «gatopardista» y acusó al oficialismo y sus aliados de «defender los intereses de quienes la levantan en pala».
El misionero Oscar Herrera Ahuad, que además había sido protagonista del reciente dictamen por Discapacidad, cuestionó el enfoque oficialista desde otro ángulo: «Los endeudados son pobres porque en Argentina el 40% de los argentinos son pobres (…) a las personas hay que mirarlas como personas, no como monedas». Y la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, afirmó que «la gente no come información, come comida, la gente se endeuda porque necesita dinero. Y lamento decir que los 2 millones nuevos de pobres son de este Gobierno«.
JD/CM
