El Gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con una premisa central: la economía argentina entraría el próximo año en una etapa de crecimiento más sólido, con una inflación en descenso, recuperación de los salarios y una fuerte expansión de la inversión. El escenario oficial contempla un aumento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación promedio anual del 21,1% y una mejora del salario promedio del 25,4%. El dólar, en tanto, llegaría a $1.847,60 en diciembre de 2027.
El problema es que buena parte de esas proyecciones deben construirse sobre una economía que todavía muestra señales contradictorias. El Presupuesto no solamente establece cuánto espera recaudar y gastar el Estado: también supone una determinada trayectoria de la actividad, el consumo, la inversión, la industria, las importaciones y el tipo de cambio.
El dólar de $ 1.847 y una polémica que volvió a escena
El tipo de cambio ofrece uno de los contrastes más llamativos. En julio, el vocero presidencial Adrián Ravier había afirmado que era una posibilidad que el dólar llegara a $ 1.700 o $ 1.800 “dentro de unos meses”. Al mismo tiempo, sostuvo que la estabilidad cambiaria estaba clara y que, en caso de producirse una corrección, sería mínima.
La declaración generó una discusión dentro y fuera del Gobierno. La Casa Rosada salió entonces a ratificar que no había cambios en la estrategia cambiaria.
Días después, el propio Ravier aclaró sus dichos y aseguró que la frase había sido sacada de contexto. Según explicó, la pregunta no apuntaba a una proyección para los meses siguientes sino a cómo veía a la Argentina hacia octubre de 2027.
Ahora el Presupuesto vuelve a poner un número sobre la mesa: $ 1.847,60 para diciembre de 2027. Aquel rango de $ 1.700-$ 1.800 que en julio generó una controversia terminó quedando muy cerca del tipo de cambio que el propio Gobierno utiliza ahora como supuesto para el cierre de 2027.
El proyecto, además, plantea una trayectoria cambiaria deliberadamente moderada. El dólar subiría 15,5% interanual hacia diciembre de 2027, mientras el IPC avanzaría 18% en el mismo período. El resultado sería una reducción promedio del tipo de cambio real bilateral de 1,2%. Es decir, la apuesta oficial no es solamente que el dólar suba, sino que lo haga por debajo de la inflación.
El crecimiento que todavía debe aparecer
La principal apuesta del proyecto es que el crecimiento se vuelva generalizado. Para 2027, el Ministerio de Economía proyecta una expansión del PBI del 4%, con un incremento del consumo privado del 3,4% y un salto de la inversión del 9,2%. La industria crecería 4,4% y el comercio 5,1%.
Los datos conocidos durante 2026 muestran que la recuperación todavía no es homogénea. De acuerdo con los últimos datos oficiales publicados, la producción industrial cayó 5% mensual en julio y que la construcción retrocedió 4,6%. El mismo análisis describió una utilización de la capacidad instalada cercana al 60%, además de una pérdida de empleos formales y de empresas desde el comienzo de la gestión de Milei.
El contraste con el Presupuesto es evidente: el Gobierno supone que la industria pasará de un crecimiento estimado de apenas 0,8% en 2026 a una expansión de 4,4% en 2027. Para alcanzar ese crecimiento, la industria deberá recuperar demanda, inversión y utilización de capacidad, en un contexto en el que además aumentaría la competencia importada.
De hecho, el propio Presupuesto proyecta que las cantidades importadas crecerán 8,2% en 2027, mientras que las exportaciones avanzarían 8,5%. El Gobierno espera así una expansión simultánea del comercio exterior y de la actividad económica.
En valores, las exportaciones alcanzarían los US$ 133.984 millones y las importaciones los US$ 118.424 millones, dejando un superávit comercial estimado de US$ 15.560 millones.
La pregunta a plantear es cuánto de esa expansión de la demanda terminará transformándose en producción local y cuánto será abastecido por productos importados. En especial para la industria, la diferencia no es menor.
Salarios arriba de la inflación
Otro de los supuestos centrales es la recuperación del poder adquisitivo. El Gobierno calcula que el salario promedio aumentará 25,4% durante 2027, por encima de la inflación promedio proyectada del 21,1%. En términos nominales, eso implicaría una mejora real si ambas variables evolucionan según lo previsto.
Pero también en este caso la proyección depende de que el escenario macroeconómico se cumpla. La recuperación salarial necesita que la inflación efectivamente desacelere, que la actividad genere empleo y que las remuneraciones nominales puedan avanzar por encima de los precios.
El proyecto estima una inflación del 18% interanual para diciembre de 2027, mientras que el promedio anual se ubica en 21,1%. El dato deja en evidencia dos contradicciones del Javier Milei: la primera es que la inflación será más alta que en 2026- en el Presupuesto 2026 se contempló una inflación de 10,1%-. La segunda es que, más allá de los discursos del líder libertario, habrá que esperar hasta 2028 para ver un valor mensual con un 0 por delante. Salvo que el Presidente y su equipo crean que en más de un mes el número empezará con un 2.
Superávit fiscal como regla permanente
En materia fiscal, el Gobierno mantiene uno de los pilares de su programa: el superávit. El Presupuesto proyecta un resultado primario positivo equivalente al 1,3% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. La regla fiscal continúa siendo el centro de la estrategia económica y condiciona el resto de las decisiones presupuestarias.
Pero sostener el superávit no significa que el Estado deje de necesitar financiamiento. El proyecto contempla un volumen importante de operaciones vinculadas con deuda y refinanciación. En moneda extranjera, el 95,4% de los recursos previstos provendría del uso del crédito, por unos $ 21,945 billones, mientras que los vencimientos de capital y reducción de otros pasivos también alcanzan montos elevados.
Más presión tributaria
Desde LLA proyectan que la recaudación tributaria y de la seguridad social pase de representar 21,06% del PBI en 2026 a 21,70% en 2027. Dentro de los principales impuestos, Ganancias crecería 29,4%, IVA 28,2%, los derechos de importación 39,2% y los derechos de exportación 41,3%. El impuesto sobre combustibles y dióxido de carbono tendría una expansión proyectada todavía mayor, del 63,5%.
En términos presupuestarios, la explicación es clara: el Gobierno necesita que los ingresos crezcan para sostener el resultado fiscal. Pero el dato también expone una tensión entre el discurso de reducción de la carga tributaria y la trayectoria que contempla el proyecto para 2027.
El propio Presupuesto proyecta que los ingresos impositivos de la Administración Nacional aumenten 30,6% en términos nominales respecto de 2026.
La inversión privada como motor principal
La inversión aparece como uno de los principales motores de la recuperación que proyecta el Gobierno. El Presupuesto estima un crecimiento del 9,2% para 2027, después de una caída proyectada del 2,1% durante 2026. La estrategia oficial apunta a que el sector privado sea el principal responsable de traccionar la actividad, mientras el Estado mantiene como prioridad el resultado fiscal.
Ese esquema es cuestionado por el diputado nacional de Unión por la Patria y economista Itai Hagman, quien analizó el proyecto y puso el foco en la evolución del gasto público y en las partidas que, según su lectura, continúan perdiendo peso dentro del presupuesto.
Hagman sostuvo que el proyecto mantiene una “regla fiscal procíclica y mal diseñada” y cuestionó que el Gobierno proyecte una recuperación de la inversión mientras mantiene restringido el gasto estatal. Según el análisis difundido por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), que dirige el diputado, el presupuesto muestra una caída acumulada del 26,7% en términos reales entre 2023 y 2027.
En ese sentido, el Diputado advirtió sobre cambios previstos para la Emergencia en Discapacidad, la derogación de la movilidad de las asignaciones familiares y el desfinanciamiento de organismos científicos y tecnológicos como INTA, INTI y SENASA. En particular, señaló que el proyecto elimina la norma que establece una asignación equivalente al 0,65% del valor CIF de las importaciones para financiar a esos organismos.
Hagman también cuestionó la forma en que el Gobierno construye sus proyecciones macroeconómicas. Según sostuvo, la subestimación de la inflación en los presupuestos anteriores permitió que, cuando los precios terminaron creciendo por encima de lo previsto, las partidas presupuestarias perdieran poder de compra en términos reales. Esa interpretación forma parte de la crítica del diputado y no constituye una evaluación oficial sobre la metodología presupuestaria.
En definitiva, el proyecto oficial construye una hoja de ruta de crecimiento con disciplina fiscal. Pero los datos de 2026 muestran que el punto de partida todavía presenta tensiones importantes.
Solo queda esperar para ver si esas hipótesis logran convertirse en resultados. Mientras tanto, el Gobierno juega su continuidad al frente del país, en un contexto donde el poder adquisitivo no termina de despegar, la inflación no termina de estabilizarse y el empleo formal se contrae.
RM/EO
