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Cabotaje, Ley Joaquín y el ascenso del jefe de Casa Militar: todo lo que aprobó el Senado

La maratónica sesión incluyó una reforma marítima que el peronismo acusó de improvisada, un ascenso militar con antecedentes polémicos y seis convenios internacionales.

La Pluma Por La Pluma
20 de noviembre de 2026 - 6:28 pm
en Política
Cabotaje, Ley Joaquín y el ascenso del jefe de Casa Militar: todo lo que aprobó el Senado

Quedarían dos sesiones más en la Cámara Alta en el período ordinario./ Senado de la Nación

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El Senado aprobó en la madrugada de este viernes, por 42 votos contra 24, la reforma del régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria, que abre el transporte marítimo entre puertos argentinos a buques de bandera extranjera. Fue el cierre de una sesión que superó las 13 horas y en la que se votaron además el ascenso del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, la Ley Joaquín, un régimen de protección de niñas, niños y adolescentes, la integración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y seis convenios internacionales.

Esos temas se sumaban a los tres principales que ya detalló La Pluma: la ley permanente de Discapacidad, sancionada por unanimidad; la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, por 47 votos positivos y 22 negativos; y la ley de Propiedad Privada, por 42 a 26, que restituye la Ley de Tierras. En Ludopatía, la Cámara alta rechazó por 40 votos contra 28 tratarla sobre tablas, a pedido de José Mayans, y aprobó con 70 votos una preferencia para debatirla el jueves 26, después de un plenario de comisiones que sería el próximo miércoles, según confiaron desde el oficialismo a este medio.

Cabotaje: buques extranjeros y 20 artículos cambiados a último momento

El texto establece que el cabotaje podrá ser realizado libremente por buques de bandera argentina y también extranjera. Quedan reservadas a embarcaciones nacionales la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra de buques oceánicos, las lanchas de amarre y de prácticos, la navegación deportiva, el transporte de hidrocarburos y el apoyo a la explotación costa afuera, entre otras actividades. También el transporte de pasajeros o vehículos en buques de hasta 500 de arqueo bruto, salvo que el origen, las escalas o el destino final estén en el extranjero.

Victoria Villarruel presidió la maratónica sesión. / Senado de la Nación

Si la carga tiene origen o destino fuera del país, se considera transporte internacional aunque haga escalas en puertos argentinos, y puede moverse en barcos de cualquier bandera sin autorización previa. Los buques de bandera extranjera operados por empresas controladas por un Estado extranjero podrán requerir autorización de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Entre las modificaciones, se agregó un artículo que obliga a los armadores extranjeros a priorizar gradualmente, pasados los 180 días del inicio de la actividad, a tripulantes argentinos o con residencia permanente.

El tratamiento se complicó cuando la senadora Carolina Moisés, autora del proyecto, anticipó que el dictamen tenía cambios de último momento. La iniciativa fue presentada en octubre y cuenta con el respaldo de gobernadores del Norte Grande. Desde el bloque Justicialista salieron al cruce. José Mayans afirmó que «esto cambia prácticamente todo el proyecto» y planteó: «Se reformaron 20 artículos y nadie entiende nada». Marcelo Lewandowski dijo que la ley es «muy importante» para Santa Fe, pero que no podía avalarla: «Es un mamarracho».

Jorge Capitanich pidió que el texto volviera a comisión y la moción fue rechazada por 25 votos a 41. Ya en el debate, la radical chaqueña Silvana Schneider sostuvo que, con la misma pizarra de Rosario, cada tonelada que sale por un puerto chaqueño le vale al productor un 24% más. Moisés defendió el proyecto como un reclamo del interior y se ubicó en ese bando: «Prefiero pararme del lado de las empresas del interior». El libertario Juan Cruz Godoy rechazó que sea una apertura sin límites: «Esta no es una desregulación masiva, sino que es una liberalización para una actividad que hoy no se realiza». Recordó que la última barcaza que salió del puerto de Barranqueras fue en 2021.

Capitanich, en nombre del bloque peronista, habló de la preocupación de los sindicatos navieros y señaló que 105 de 131 países ribereños restringen su cabotaje. Advirtió que sin infraestructura ni regulación adecuada la norma solo puede generar «apertura indiscriminada y destrucción de empleo nacional y de la industria naval argentina».

/ Senado de la Nación

Ibáñez: el ascenso del jefe de la Casa Militar con polémicos antecedentes

El Senado dio acuerdo al ascenso del general de brigada Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar, por 59 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Votaron en contra los tres senadores de Convicción Federal, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés, y se abstuvo la salteña Flavia Royón. El pliego tenía dictamen de la Comisión de Acuerdos desde mediados de junio y lo lleva al grado de general de división, con fecha del 31 de diciembre de 2025.

Ibáñez, oficial de Artillería, conduce la Casa Militar desde marzo de 2024, cuando reemplazó a Alejandro Guglielmi. El organismo es responsable de la seguridad del Presidente y depende de la Secretaría General de la Presidencia, que está bajo la órbita de Karina Milei. Perfil lo describió como un premio de ella a la fidelidad de uno de sus hombres de mayor confianza, y señaló que con este paso le quedaría un solo escalón para llegar al grado máximo del Ejército.

En abril, Ibáñez firmó una denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por imágenes de los pasillos de la Casa Rosada difundidas en la señal de TN. Por orden suya se suspendió además el ingreso de los acreditados a la Casa de Gobierno, una medida que afectó a unos 60 trabajadores de prensa. Meses después, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió desestimar la denuncia.

En septiembre, Javier Milei desplazó al intendente de la Quinta de Olivos, Osvaldo Sosa, y la Casa Militar asumió la seguridad y la administración integral de la residencia. El Gobierno lo justificó por razones de seguridad y por filtraciones sobre la intimidad presidencial. También quedó afuera María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y cercana a Karina Milei, que fue reubicada en el Correo Argentino. Hoy el día a día de Olivos lo maneja Fernando Tereso, pero la custodia de la residencia sigue en manos de Ibáñez.

La Justicia investiga además presuntas irregularidades en compras y contrataciones de la Agrupación Aérea Presidencial, que ahora depende de la Casa Militar.

Ley Joaquín, protocolos de niñez y los acuerdos de cierre

La Ley Joaquín salió por unanimidad, con 68 votos. Nació del caso de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió en enero cuando un arco de fútbol le cayó encima durante un campamento en Neuquén. La impulsaron sus padres, a través de la diputada Luciana Potenza, y ya había sido aprobada por unanimidad en Diputados el 27 de agosto. Obliga a instalar, sujetar y mantener arcos, aros, postes y juegos de plaza en espacios públicos y privados con condiciones de estabilidad y amortiguación. La Subsecretaría de Deportes funciona como órgano de coordinación, y las aseguradoras deberán exigir la acreditación del cumplimiento. Fernando Salino advirtió que el proyecto no tiene asignación presupuestaria y pidió una política de sostenimiento para los clubes.

También por unanimidad, con 62 votos, el Senado aprobó el proyecto de la chubutense Andrea Cristina que obliga a instituciones públicas y privadas que trabajen con menores, ya sean educativas, deportivas, sociales, recreativas o religiosas, a tener protocolos para prevenir, detectar y actuar ante la violencia. Alcanza al abuso sexual, la violencia física y entre pares. La autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Cristina recordó que el tema se impulsa hace casi ocho años y que las medias sanciones perdieron estado parlamentario varias veces. Gonzalo Guzmán Coraita aportó un estudio de la Universidad Católica de Salta según el cual el 46,9% de los chicos dice no saber qué es el grooming.

El Senado aprobó también la integración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por 62 votos a favor y 2 en contra, los de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. El peronismo había impugnado a uno de los integrantes, el abogado Fernando Zarabozo, por considerar que no «reúne los requisitos de trayectoria, idoneidad e independencia», y señaló su vínculo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un organismo que el comité debería controlar. Juliana Di Tullio dijo en el recinto que no «tiene las condiciones legales, ni morales para ocupar un cargo» de ese tipo, y Royón dejó constancia de la misma postura. Patricia Bullrich lo defendió y habló de «prejuicios ideológicos»: «Un policía tiene el mismo derecho que todos los ciudadanos a ser defendido».

Fuera de ese paquete, el Senado aprobó por 49 votos a favor y 4 en contra cinco transferencias de inmuebles de Nación, entre ellas a la Universidad de Santiago del Estero y a los municipios de San Javier, en Santa Fe, y Rawson, en San Juan. Aprobó además seis convenios internacionales, en dos votaciones a pedido del peronismo: tres obtuvieron 56 votos a favor y ninguno en contra, y los otros tres, entre ellos el acuerdo de servicios aéreos con Paraguay firmado en 2025 y el de Finlandia, 35 a favor y 21 en contra.

JD/CM

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