El Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con 71 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención. La única ausencia fue la de la senadora Fernández Sagasti, que está con licencia por maternidad. La norma reemplaza el esquema de emergencia, que vencía el 31 de diciembre, por un régimen permanente.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el texto después de más de cuatro horas de debate. Dijo que no se trata solo de una ley sino de «un acuerdo social y político», y que el proyecto establece «de dónde sale cada peso que se va a gastar», lo que, según ella, marca «una diferencia abismal en un país con orden fiscal». Pidió además que los sectores reconozcan el acuerdo: «Cuando el país y los representantes del pueblo llegamos a un acuerdo, deberíamos reconocerlo».
El texto mantiene casi todo el esquema de la ley de emergencia. La pensión equivale al 70% del haber mínimo, es compatible con un empleo formal o el monotributo y se actualiza con la movilidad. Garantiza el programa Incluir Salud, fija que el presupuesto del Ministerio de Salud no puede caer en términos reales y crea auditorías con cruce de datos y derecho de defensa. A pedido de los aliados, suma un cronograma para pagar lo que se debe a los prestadores y da 30 días al Ejecutivo para reglamentarla.
Bullrich contra Caputo: el dictamen sin cambios
La ley salió del Senado sin modificaciones, y detrás de eso hubo una disputa interna. Bullrich había reclamado que el Presupuesto 2027 que el Gobierno envió a Diputados no coincidía con lo que se negociaba en la ley de Discapacidad, y después firmó el dictamen en el Senado sin cambios, a contramano de lo que le pedían algunos sectores del Gobierno. Cualquier modificación obligaba a devolver el proyecto a Diputados y ponía en riesgo que se aprobara antes del 30 de noviembre, cuando termina el período ordinario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó resistir hasta último momento para evitar que la ley saliera, según pudo saber La Pluma. Desde el entorno de la senadora lo resumieron así: «Que junte los votos él, si no hay margen para que salga con cambios, vino de diputados con más de 230 votos».
El miembro informante, Agustín Monteverde, sostuvo que el proyecto «no entraña absolutamente ningún recorte» y que el Presupuesto del próximo año «va a tener contemplado las partidas» necesarias. Estimó que el costo en 2028 será de 1,2 billones de pesos y que la deuda con los prestadores ronda los $278.300 millones.

El Papa, el Presupuesto y los reproches
La visita del papa León XIV atravesó el debate. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, dijo que «muchos de los que hoy aparecen como bondadosos luego de la visita del Papa, antes no pensaban en las personas con discapacidad y sus familias», aunque adelantó su voto positivo, a pesar de que sus pares cordobeses de la cámara baja fueron los únicos que habían votado en contra y ella no firmó el dictamen la semana pasada.
El senador de UxP Martín Soria también siguió la línea de la influencia del Sumo Pontífice: «Tuvo que venir el Papa a decirle en la cara a Milei que los discapacitados no son un peso para la sociedad». El radical Maximiliano Abad, aliado del Gobierno, pidió «hacerse cargo» del mensaje de León XIV.
En el peronismo, el reclamo apuntó al Presupuesto 2027. Lucía Corpacci advirtió que Incluir Salud tiene «un recorte real del 13%» y que «hay cosas que se escriben con la mano y borran con el codo». Jorge Capitanich calculó un ajuste de 73 billones entre 2023 y 2027, «una migaja» frente al total. Juliana Di Tullio cruzó a Bullrich por un episodio cuando era ministra de Seguridad: «Hay que ser cobarde y miserable para pegarle a las personas con discapacidad». Desde el oficialismo, Carmen Álvarez de Rivero habló de «un día de fiesta».

Patentes y Propiedad Privada: las otras dos leyes de la sesión
El Senado sancionó también la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) por 47 votos contra 22. El texto había sido aprobado por la Cámara alta en 1998, pero el Gobierno lo reactivó este año por un compromiso asumido en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Volvió al Senado desde Diputados con la reserva del capítulo II, que habilita los exámenes internacionales, a pedido de la industria farmacéutica argentina. José Mayans criticó que se está por garantizar «un negocio tremendo» a las multinacionales y afirmó que, según los expertos, los medicamentos se encarecerían un 40%.

Por su parte, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñada originalmente por el ministro Federico Sturzenegger, salió por 42 votos a favor y 26 en contra. Luego de varios fracasos y modificaciones, la ley terminó dando marcha atrás y restituye la vigencia de la Ley de Tierras al derogar el artículo 154 del DNU 70/2023, con el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, y agiliza los desalojos con un juicio sumarísimo. También endurece las expropiaciones y fija un tope del 30% del daño emergente para el lucro cesante. Soria calificó el debate como «vergonzoso e inédito» porque el Gobierno terminó votando lo opuesto a lo que había enviado.
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