El Gobierno comenzó a mover fichas para impulsar una reforma electoral que incluye la eliminación o modificación de las PASO y la profundización de la Boleta Única de Papel, en una dinámica que no formaba parte de la agenda legislativa anunciada oficialmente por la Casa Rosada. El giro aparece en paralelo al contexto político más hostil para el Ejecutivo: mientras se profundiza una crisis económica, explotan escándalos de corrupción y se desploma la imagen del gobierno. Es en ese marco en el que el oficialismo busca instalar estos proyectos que ni tienen consenso entre sus aliados y opositores.
El dato no es menor: mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó en las últimas horas un paquete de leyes centrado en el endurecimiento del Código Penal, la propiedad privada y reformas vinculadas al ajuste fiscal, no incluyó ninguna mención a cambios en el sistema electoral. Sin embargo, casi en simultáneo, funcionarios del propio Gobierno empezaron a plantear la necesidad de acelerar ese debate. El intento será tratar un cambio de las reglas electorales en un año sin comicios, pero lo cierto es que sucede cuando el tema no forma parte de las prioridades de la agenda pública.
Fue el ministro del Interior, Diego Santilli, quien tomó la posta en un seminario organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y el CARI. Allí aseguró que el Congreso deberá tratar la cuestión “lo más rápido posible” y deslizó un calendario concreto: el debate podría instalarse entre abril y junio, con la mirada puesta en llegar a 2027 con nuevas reglas.
El impulso oficial encuentra respaldo en argumentos técnicos. El presidente de la CNE, Alberto Dalla Via, remarcó la necesidad de discutir estos cambios con anticipación para garantizar previsibilidad en el proceso electoral. Pero la aceleración del debate político en este momento específico es lo que genera ruido en el sistema político.
La discusión sobre las PASO no parte de un consenso sobre su funcionamiento actual. Tanto en el oficialismo como en la oposición hay coincidencias en que el esquema mostró limitaciones: baja utilización, extensión del calendario electoral y un sistema que muchos describen como de “doble o triple vuelta”.
Desde el oficialismo, figuras como Patricia Bullrich plantearon que el sistema “no es razonable” y dejaron abierta la posibilidad de eliminarlas o volverlas optativas. En la misma línea, dirigentes libertarios reconocen que la reforma aún “no está totalmente discutida” y que se buscará negociar con gobernadores y aliados antes de enviar un proyecto al Congreso, según dijeron desde Casa Rosada a La Nación.
Sin embargo, las diferencias aparecen cuando se analiza el reemplazo del mecanismo. El senador radical Maximiliano Abad fijó una posición contundente: “Modernizar no es desmantelar. Nos opondremos a cualquier intento de eliminar las PASO que le devuelva la lapicera a las cúpulas partidarias”. En la misma línea, dirigentes del PRO también plantearon que no están claros los objetivos de la reforma.
Incluso desde la oposición más dura emergen matices. El diputado Sebastián Galmarini reconoció que las PASO “no funcionaron como proceso de selección de candidatos”, pero advirtió que eliminarlas sin definir un sistema alternativo “no sería una reforma, sino una simple manipulación en búsqueda de ventajas electorales”.
Boleta única y el financiamiento
El debate no se limita a las primarias. La Casa Rosada también analiza avanzar con cambios en el financiamiento de los partidos, la reducción de estructuras partidarias y una eventual reorganización del calendario electoral, con la idea de evitar múltiples elecciones a lo largo del año.
En ese marco, la Boleta Única de Papel aparece como el punto de mayor consenso relativo. Tanto el oficialismo como sectores de la oposición valoraron su implementación en 2025 como un avance en términos de transparencia y simplificación del voto. Abad la definió como “un cambio de paradigma”, mientras que desde el Gobierno remarcan que permitió reducir costos y agilizar el proceso electoral.
Sin embargo, incluso allí surgen cuestionamientos. Galmarini señaló que la experiencia también expuso dificultades operativas y problemas de implementación, y advirtió sobre “improvisaciones” en el diseño del sistema. La discusión, además, se cruza con otros debates de fondo, como el financiamiento político y el equilibrio entre participación y eficiencia electoral.
El timing incómodo del gobierno
Con todos los actores reconociendo la necesidad de revisar aspectos del sistema electoral, el foco de la discusión se desplaza hacia el momento en que el Gobierno decide impulsar los cambios.
La aceleración del debate, fuera del paquete legislativo anunciado y en medio de un clima político cargado, abre interrogantes incluso entre quienes cuestionan el funcionamiento actual de las PASO. La combinación de urgencia, falta de definición sobre el modelo alternativo y ausencia de consenso convierte a la reforma en un nuevo frente de tensión en el Congreso.
El sistema electoral está en discusión. Lo que no está claro, al menos por ahora, es bajo qué condiciones —y con qué objetivos políticos— se buscará modificarlo.
Días atrás, Agustín Rossi confió a La Pluma que pareciera ser un anuncio más enfocado en molestar al peronismo que busca resolver sus internas que en otra cosa. «Estoy en contra, pero si eliminan las PASO, en el PJ tendremos que encontrar cómo resolver la interna».
JD /CM
