Las firmas Edison Transmisión y Genneia adquirieron de manera oficial la totalidad de la participación accionaria que la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) mantenía en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) para pasar a controlar la mitad de Transener, la transportadora nacional de energía. La operación fue autorizada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) y oficializada mediante la Resolución 130/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La transferencia comprende el 50% del capital social de CITELEC, sociedad controlante de Transener S.A. y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA). Según informó la agencia Noticias Argentinas, la operación se concretó por más de US$ 356 millones. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei profundiza su política de privatización de activos estatales.
El paquete accionario fue adquirido por Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), una sociedad creada específicamente para esta operación por Edison Transmisión y Genneia, que participan en partes iguales. Edison Transmisión integra el grupo controlado por Edison Holding, mientras que Genneia es una de las principales compañías argentinas dedicadas a la generación de energías renovables.

Una adquisición que despierta dudas
Desde el oficialismo aseguraron que la transacción no configura una transgresión legal, pese a que las empresas involucradas ya cuentan con activos en los segmentos de generación y distribución. En este sentido, la Ley N.º 24.065 establece restricciones a la integración vertical y horizontal dentro del mercado eléctrico con el objetivo de evitar posiciones dominantes y conflictos de interés. En particular, su artículo 31 dispone que los generadores no pueden ser propietarios ni accionistas mayoritarios de empresas transportistas o de sus sociedades controlantes.
A su vez, desde el ENReGE sostuvieron que cualquier potencial abuso de posición dominante se encuentra mitigado por tres mecanismos regulatorios fundamentales: el libre acceso a la red, que obliga a permitir el uso no discriminatorio de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas, cuya remuneración es determinada por el organismo regulador; y el régimen de ampliaciones controladas, que impide extender la red de manera discrecional, ya que toda obra requiere una audiencia pública y la correspondiente aprobación estatal.
La cuestión adquiere relevancia porque Genneia es uno de los principales actores privados del negocio de la generación eléctrica y pasará a integrar, junto con Edison Transmisión, la sociedad que controla Transener, la mayor transportista de energía eléctrica de alta tensión del país. Aunque el Gobierno sostiene que la estructura societaria aprobada no vulnera la normativa vigente, la operación podría reabrir el debate sobre los límites de la integración entre generación y transporte, así como sobre el alcance de los mecanismos regulatorios destinados a preservar la competencia en el sistema eléctrico.
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