Los cinco inversores que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó como querellantes de la causa $LIBRA el viernes pasado apelaron esa decisión y pidieron a la Cámara Federal porteña que los reincorpore al expediente. Martín Romeo, con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust, calificó la resolución de «arbitraria, ilógica y contraria a las constancias de la causa» en el escrito al que accedió La Pluma. Los otros cuatro querellantes excluidos, representados por Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, presentaron sus propios recursos.
El planteo que motivó la exclusión lo había hecho la defensa de Mauricio Novelli, uno de los imputados en la causa, que ese mismo viernes publicó en sus redes una foto suya en Estados Unidos, adonde había viajado para ver el partido de Argentina contra Cabo Verde por el Mundial. Martínez de Giorgi hizo lugar a la excepción de falta de acción y sostuvo que los denunciantes no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo, en un mercado de «activos digitales» caracterizado por su «elevada volatilidad».
Para Oszust, esa lectura «constituye un reduccionismo inaceptable y arbitrario» que confunde «el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado«. Según el escrito, el colapso de $LIBRA no fue producto de la volatilidad del mercado sino un «Rug Pull» preprogramado: 74 billeteras operadas por bots de los imputados habrían ejecutado compras masivas con información privilegiada 22 segundos antes de que se publicara el tuit presidencial.
Los otros cuatro querellantes fueron más allá en sus escritos: sostuvieron que en esos 22 segundos previos al posteo se concretaron 87 transacciones por 13,5 millones de dólares, y que Novelli mantuvo cuatro llamadas con Milei esa misma tarde, a las 18:44, 18:54, 18:56 y 19:03.
El rol de Milei en $LIBRA
Uno de los tramos más duros de la apelación de Romeo apunta directamente a la Casa Rosada. El escrito sostiene que la maniobra incluyó «la instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza«, lo que caracterizan como un «lavado de prestigio», además de la denuncia de una supuesta infiltración de la Comisión Nacional de Valores a través de Sergio Morales. Los cuatro querellantes restantes sumaron que, ya consumada la maniobra, se transfirieron más de 44,5 millones de dólares a una única billetera concentradora, y citaron mensajes internos de la organización investigada en los que se instruía no mencionar la palabra «crypto» en las comunicaciones del proyecto.
El segundo eje de la apelación cuestiona el argumento del juez sobre la falta de prueba de titularidad. Martínez de Giorgi había sostenido que las manifestaciones de Romeo se sustentaron «únicamente en links». El abogado calificó esa afirmación como «rotundamente falsa»: Romeo aportó actas notariales, escrituras 102 y 103 del Registro Notarial 167, donde una escribana certificó su titularidad sobre las billeteras de Phantom y Lemon utilizadas para operar con la criptomoneda.
Por otro lado, apunta a la exigencia del juez de verificar el «origen de los activos» como condición para querellar. Oszust lo comparó con exigirle a la víctima de un robo en la vía pública que demuestre de dónde sacó cada billete que le sustrajeron, y advirtió que, de consolidarse ese criterio, «se estaría consagrando la impunidad absoluta para los ciberdelitos y fraudes con criptoactivos» en el país.
El cuarto y último eje sostiene que el juez desconoció una decisión firme de la Cámara Federal que ya había reconocido la legitimación de los querellantes, sin que hubiera surgido ninguna prueba nueva que la desvirtuara. Los otros cuatro inversores remarcaron además que su legitimación como víctimas había sido reconocida en forma autónoma el 25 de marzo de 2025 por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en una resolución que ninguna defensa, ni siquiera la de Novelli, apeló en su momento.
El expediente quedó ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que deberá resolver si reincorpora a los cinco querellantes o confirma la decisión de Martínez de Giorgi. No hay plazo fijado para que se expidan. En la apelación, Romeo dejó planteada la reserva de recurrir a la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario federal si el fallo le resulta adverso.
JD/CM
