“Si una característica del crecimiento es el rendimiento del capital, también tiene importancia lo que pase en el mercado del trabajo y la población. De hecho, estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes. Hoy la Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de la natalidad que permita la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos cuesta caro en términos de crecimiento. Y ni les cuento en términos de sistema previsional”.
Los dichos de Javier Milei durante el cierre de una nueva edición del Council of the Américas que tuvo lugar en el Hotel Alvear tuvieron un impacto agridulce dentro del propio gobierno. Como viene haciendo desde hace algún tiempo, el jefe de estado comenzó a intercalar la escritura de sus discursos con su asesor, Santiago Caputo, quien luego de dialogar con la mesa política acordó darle un marco más conciliador a las alocuciones presidenciales y se quedó con la redacción de las presentaciones ante un público más político, mientras que el presidente lo hace cuando habla frente a agentes del mercado, como los empresarios que formaron parte del público el jueves por la mañana.
Sin consultar a sus estrategas, el líder libertario volvió a poner en escena la discusión por la legislación que habilita la interrupción voluntaria del embarazo, una iniciativa que dentro del gobierno descartan por completo que forme parte de la agenda. “No es el momento de discutir eso, lo tiró porque es lo que piensa, pero no está para nada entre las prioridades de ahora ni del futuro inmediato”, dijeron desde el círculo del economista.
En este marco, además de reconocer que la discusión por el aborto ni siquiera está saldada entre partidos y genera resquemores internos puesto que las posturas son por demás variadas, la misma fuente hizo saber que Milei intentó instalar el tema como un mecanismo de distracción. Lo habría hecho frente a la sensación de agobio y pérdida de control de la agenda mediática que, con pesar, dentro del oficialismo reconocen que perdieron desde el inicio del Adorni gate. Ésta metodología, sin embargo, no es para nada novedosa.
A inicios del 2025, uno de los mejores momentos del gobierno en materia de comunicación, ordenamiento interno y ejecución político, la Casa Rosada había decidido tomar las riendas de las iniciativas y se propuso diagramar una serie de reformas de primera, segunda y tercera generación con los que pretendían marcar los hitos del Milei. Además de modificaciones en materia económica, fiscal, electoral y política, el Ejecutivo apuntó a ir más allá y meter a la batalla cultural dentro de las entrañas del estado.
Por entonces, el Gobierno había comenzado a delinear el proyecto de “Igualdad ante la Ley”, una iniciativa que buscaba eliminar distintas normas construidas alrededor de políticas de género y diversidad. Entre ellas aparecía la eliminación de la figura del femicidio, incorporada al Código Penal en 2012, mediante la Ley 26.791,durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La argumentación oficial que por entonces repartían desde importantes despachos era que si todas las personas son iguales ante la ley, no debería existir una categoría penal que contemple de manera específica el asesinato de una mujer cuando media violencia de género. Y a por ello fueron.
Por varios meses, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el por entonces viceministro de Justicia, Sebastián Amerio y un grupo de colaboradores externos comenzaron a darle cuerpo a la reforma integral del Código Penal, que incluída la eliminación de la figura penal, al tiempo que proponía un aumento de penas para otros homicidios y ampliar los casos de cumplimiento efectivo. Una modificación que, por consiguiente, marcaba a fuego la decisión del oficialismo de dejar de lado toda referencia a la llamada “agenda woke” que el líder libertario defenestra cada vez que tiene oportunidad.
Sin embargo, el debate político, mediático y judicial que se congregó alrededor de la iniciativa violeta, obligó a los estrategas de la gestión a dar marcha atrás con lo que muchos luego reconocerían sería una “mojada de oreja” hacia los espacios feministas y de derechos humanos que trabajaron para conseguir esta tipificación hace más de una década. Quienes estuvieron al tanto de aquella decisión, además, reconocen que las mediciones diarias que llegan a importantes despachos advertían un fuerte descontento por parte de las propias votantes libertarias sobre ese cambio, instancia más que suficiente para frenar todo tipo de medida.
Desde entonces, y pese a los exabruptos que se escuchan a diario desde la cúpula del Ejecutivo, lo cierto es que el gobierno entendió cuáles son las batallas que debe dar. Y contra el feminismo no es una. Por eso, al menos en el corto plazo, el oficialismo no avanzará con ningún proyecto que implique modificaciones concretas que puedan perjudicar la continuidad de los derechos adquiridos.
TS/CM
