La presión política sobre Manuel Adorni escala en el Congreso cada día. Por un lado, diputados de la oposición presentaron un pedido formal para que el Gobierno explique la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y el financiamiento de su viaje en avión privado a Punta del Este. Por el otro, ya se palpita una ofensiva que tendrá su punto más tenso el 29 de abril, cuando deba dar su informe de gestión en la Cámara baja. Ya hay casi 5 mil preguntas, un récord.
El proyecto, impulsado por Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro, contiene 29 preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo y pone el foco en dos ejes: posibles inconsistencias patrimoniales y el uso de vuelos privados durante el ejercicio de la función pública.
En paralelo, en apenas 48 horas los bloques enviaron 4.800 preguntas para que Adorni responda por escrito antes de su presentación, un récord desde la creación de la figura del jefe de Gabinete.
Patrimonio bajo la lupa
El pedido de informes exige precisiones sobre el rol de la Oficina Anticorrupción en el control de las declaraciones juradas del funcionario. Entre otros puntos, los diputados reclaman saber si se realizaron auditorías, si hubo observaciones o si se detectaron inconsistencias entre activos, pasivos y evolución patrimonial.
También apuntan a los bienes del entorno familiar. Solicitan información sobre activos del cónyuge, posibles adquisiciones recientes y si esos movimientos fueron efectivamente controlados por los organismos competentes.
En los fundamentos, los legisladores advierten que la transparencia patrimonial de los funcionarios “no es una exigencia administrativa sino una condición esencial del sistema republicano” y recuerdan que la ley de ética pública obliga a justificar la evolución de los bienes durante el ejercicio del cargo.
El viaje a Punta del Este
El otro eje central es el viaje que Adorni realizó durante el fin de semana largo de Carnaval a Punta del Este en un avión privado, episodio que ya fue denunciado en la Justicia por los mismos diputados.
El proyecto exige detallar si el traslado fue oficial o privado, quién lo financió, si se utilizaron recursos del Estado y si el viaje fue registrado ante la Oficina Anticorrupción en el régimen de viajes financiados por terceros.
Además, pide identificar a las personas o empresas que habrían organizado o pagado el vuelo y si mantienen vínculos contractuales con el Estado, un punto clave para determinar posibles conflictos de interés.
Una sesión de alto voltaje
El pedido de informes se inscribe en una estrategia más amplia de la oposición para llegar con volumen político a la exposición de Adorni en Diputados. El 29 de abril deberá responder no solo las consultas enviadas por escrito sino también las preguntas en el recinto, donde se espera que el foco esté puesto en sus ingresos y su patrimonio.
El clima anticipa una jornada tensa. “La intención es organizarnos para que tenga que responder todo y no entrar en provocaciones”, deslizó a Infobae un diputado opositor que trabaja en coordinar la ofensiva parlamentaria.
La magnitud del cuestionamiento ya tiene números inéditos: las 4.800 preguntas superan las 4.000 que recibió Guillermo Francos en 2025, cuando debió dar explicaciones por el caso $LIBRA.
A ese escenario se suma un dato político: el presidente Javier Milei anticipó que estará presente en el recinto para acompañar a su jefe de Gabinete, un gesto que refuerza la centralidad de la sesión.
El vínculo con $LIBRA
La presión también se trasladó al plano público. Juliano adelantó que envió más de 40 preguntas centradas en la situación patrimonial del funcionario y lo vinculó con el escándalo cripto.
“Adorni tiene que venir a brindar el informe de gestión a Diputados. Envié más de 40 preguntas sobre su situación patrimonial. El Presidente y su hermana no pueden pedirle la renuncia porque Adorni forma parte del entorno tóxico del caso $Libra”, escribió en X.
Y remató con una frase que sintetiza el clima político: “A Adorni se le está poniendo cara de Espert”.
Con denuncias judiciales en curso, cuestionamientos patrimoniales y una ofensiva coordinada en el Congreso, la exposición del 29 de abril aparece como una prueba clave para el funcionario y para el Gobierno.
JD/CM
