La crisis política que envuelve a Manuel Adorni tendrá un nuevo capítulo en el Congreso. El jefe de Gabinete deberá presentarse el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión, en medio de cuestionamientos por su patrimonio, sus viajes y una trama judicial que se expande. El articulo 101 de la Constitución establece que el ministro coordinador tiene que ir una vez por mes a una de las dos cámaras para brindar informes sobre la gestión de la administración.
El movimiento ocurre después de semanas de tensión interna en el Gobierno, con versiones cruzadas sobre su continuidad, y tras una ofensiva oficial para blindarlo públicamente. Incluso el propio presidente Javier Milei anticipó que asistirá a la exposición, en un gesto inusual que eleva la apuesta política del oficialismo.
En paralelo, desde este jueves quedó habilitado el envío de preguntas por parte de los diputados, en un plazo de 48 horas que funcionará como antesala del cruce en el recinto. El foco ya no será solo la marcha del Gobierno: el caso Adorni se encamina a ser uno de los ejes centrales del debate, junto con la estafa cripto $LIBRA.
Un informe atravesado por el escándalo
La presentación de Adorni está prevista en el marco del artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga al jefe de Gabinete a concurrir mensualmente al Congreso. Sin embargo, el contexto dista de ser el habitual.
El funcionario llega condicionado por una serie de episodios que escalaron en pocas semanas: el viaje a Nueva York en el avión presidencial junto a su esposa, el vuelo privado a Punta del Este, las dudas sobre propiedades no declaradas y, más recientemente, la apertura de líneas de investigación judicial vinculadas a posibles favores.
En ese escenario, la instancia parlamentaria aparece como el primer test político directo. La oposición ya anticipa que utilizará la sesión para interpelarlo en público, mientras que en Casa Rosada buscan convertir la exposición en un punto de inflexión que permita cerrar el tema.
Pero el efecto puede ser el contrario. La decisión de Milei de asistir —algo fuera de registro para este tipo de informes— refuerza la centralidad del caso y garantiza una sesión de alta tensión.
Respaldo político y estrategia defensiva
El Gobierno reaccionó con una demostración de fuerza poco habitual. Adorni reapareció en conferencia de prensa acompañado por más de medio gabinete, con respaldo explícito de Karina Milei y la presencia de Santiago Caputo, en un intento por ordenar el frente interno y mostrar cohesión.
El mensaje fue claro: sostener al funcionario y confrontar. En esa línea, el propio Adorni evitó dar explicaciones de fondo sobre las denuncias y volvió a plantear que se trata de “operaciones” impulsadas por la oposición y sectores mediáticos.
Sin embargo, la estrategia no logró desactivar el tema. Por el contrario, lo trasladó al Congreso, donde el oficialismo deberá enfrentar no solo el cuestionamiento político sino también la falta de definiciones sobre su agenda legislativa. Fuentes parlamentarias admitieron a La Pluma que ni siquiera los bloques aliados tienen claridad sobre los proyectos que el Ejecutivo busca impulsar en las próximas semanas.
El intento de “dar vuelta la página” convive así con un dato incómodo: la exposición del 29 de abril puede convertirse en un punto de máxima visibilidad del caso.
La dimensión judicial que complica el cuadro
A la presión política se suma el avance de las investigaciones judiciales. La causa por el vuelo privado a Punta del Este incorporó en los últimos días un elemento clave: el piloto de la aeronave pidió declarar ante la Justicia y se abrieron nuevas líneas de análisis sobre la operatoria.
El juez Ariel Lijo ordenó medidas sobre la empresa involucrada en los vuelos y solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar el circuito financiero. También se investiga el rol de terceros vinculados al viaje y la posibilidad de un intercambio de favores.
Según surge del expediente, parte del traslado habría sido cubierto por una productora ligada a uno de los acompañantes, mientras que el regreso se integró en un paquete de vuelos previamente contratado. La Justicia busca establecer si existió algún tipo de contraprestación vinculada a la función pública.
El caso se amplió a tal punto que el jefe de Gabinete ya acumula tres causas en Comodoro Py, que incluyen además el uso del avión presidencial y la adquisición de una propiedad que no habría sido declarada en tiempo y forma.
JD/CM
