La investigación judicial por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimara al contratista Matías Tabar para que justifique sus ingresos, actividad económica y evolución patrimonial correspondientes a los años 2024 y 2025.
La medida se conoció pocos días después de que Tabar declarara ante la Justicia en el marco de la causa que instruye el fiscal Gerardo Pollicita. El constructor estuvo a cargo de las obras de remodelación de la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Tabar rompió el silencio anoche en declaraciones televisivas y ratificó que recibió un total de 245 mil dólares para ejecutar los trabajos de refacción. El contratista sostuvo que la cifra surge de un registro detallado de gastos y materiales utilizados durante la obra y aseguró que toda la documentación fue presentada ante la Justicia.
“No se agregaron metros cuadrados. Se respetó el plano original declarado tanto en el barrio como en la municipalidad”, afirmó. Además, explicó que la remodelación incluyó trabajos en pisos, cocina, baños, mobiliario del quincho y reparaciones en la pileta.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que Tabar entregó facturas, remitos y comprobantes relacionados con la compra de materiales y la contratación de servicios para la obra. El constructor también reconoció que mantiene situaciones administrativas pendientes ante ARCA, aunque sostuvo que se trata de circunstancias habituales para un trabajador autónomo.
La intimación del organismo fiscal exige ahora que presente documentación sobre sus ingresos, facturación y compras realizadas durante el período en cuestión. El requerimiento incluye información vinculada a las tareas desarrolladas en la propiedad de Adorni.
La causa judicial también incorporó nuevos elementos de análisis a partir del contenido del teléfono celular de Tabar. Entre la documentación hallada figura una factura emitida en junio de 2025 a nombre de Gisela Kocsis, funcionaria de la Secretaría de Medios y Comunicación, por más de 8 millones de pesos en sabanas y ropa blanca.
Consultado sobre esa operación, Tabar afirmó no tener conocimiento de los detalles y evitó realizar comentarios sobre una cuestión que también quedó bajo análisis judicial.
En paralelo, trascendieron mensajes intercambiados entre Adorni y el contratista antes de una de sus presentaciones ante los tribunales de Comodoro Py. Según la información incorporada al expediente, el funcionario le habría manifestado su apoyo y puesto a disposición asistencia legal. Tabar respondió que le habían aconsejado no mantener comunicaciones mientras avanzara la investigación.
El caso adquirió además una dimensión política luego de que el presidente Javier Milei cuestionara públicamente al contratista en redes sociales, calificándolo como un “mentiroso” y poniendo en duda sus motivaciones. Tabar rechazó esas acusaciones y sostuvo que apoyó electoralmente tanto a dirigentes del PRO como a La Libertad Avanza.
AL/CM
