La presión política sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escaló en el Senado, donde la oposición reclamó que cumpla con la obligación constitucional de presentar su informe de gestión ante la Cámara alta. El planteo se produce en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de las crecientes tensiones internas dentro del oficialismo por la demora en la presentación de su declaración jurada patrimonial.
El reclamo fue encabezado por el senador José Mayans, jefe del interbloque peronista, quien pidió formalmente a la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que gestione la presencia de Adorni en el recinto. La solicitud quedó plasmada en una nota dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la que se recordó que el artículo 101 de la Constitución Nacional obliga al jefe de Gabinete a concurrir mensualmente al Congreso de manera alternada entre ambas cámaras.
En el peronismo sostienen que Adorni debió presentarse ante el Senado en marzo para brindar su primer informe de gestión, pero finalmente expuso recién el 29 de abril en la Cámara de Diputados. Aquella intervención estuvo marcada por preguntas vinculadas a sus viajes al exterior, operaciones inmobiliarias en el barrio porteño de Caballito y la compra de una propiedad en un barrio privado bonaerense, hechos que forman parte de la investigación que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Patricia Bullrich transmitió a Adorni la preocupación de distintos bloques parlamentarios y advirtió sobre el costo político que implica sostener la demora en medio de las sospechas de corrupción.
En paralelo, Bullrich volvió a jugar fuerte y presentó de forma anticipada este miércoles su propia declaración jurada patrimonial correspondiente al período 2025 ante la Oficina Anticorrupción y el Senado. El movimiento fue interpretado dentro del oficialismo como una señal política hacia la Casa Rosada, ya que la dirigente libertaria buscó diferenciarse del manejo que se viene realizando en torno al caso Adorni. La última declaración pública de Bullrich, presentada al asumir como senadora, registraba un patrimonio cercano a los 223 millones de pesos, incluyendo inmuebles, depósitos bancarios y bienes heredados.
El presidente Javier Milei salió en las últimas semanas a respaldar públicamente a Adorni y aseguró que la presentación de la declaración jurada ocurrirá “en breve”. Sin embargo, el Gobierno decidió extender hasta el 31 de julio el plazo oficial para la entrega de esos documentos patrimoniales, una medida que, aunque fue justificada por razones administrativas, quedó inevitablemente asociada a la situación del jefe de Gabinete. En la Casa Rosada reconocen en privado que el tema comenzó a erosionar políticamente al oficialismo y profundizó las diferencias internas sobre cómo afrontar la crisis.
AL/SC
