Las tensiones por la remoción de Manuel Adorni dejaron heridas abiertas en el Senado. Aunque ambas coincidieron en despegarse a tiempo del extinto jefe de Gabinete, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no se ponen de acuerdo en muchos aspectos del funcionamiento de la Cámara y desnudan el nivel de diferencias que las enfrentan. La interna ahora continúa sobre los restos políticos del exministro coordinador y no ha cesado. El próximo capítulo se escribirá este miércoles, en la reunión prevista entre los jefes de bloque para organizar la próxima sesión.
Según pudo comprobar La Pluma, desde el entorno de la vicepresidenta tienen una lectura muy distinta a la que circula sobre la fricción que mantiene con la jefa del bloque libertario en el Senado. «Bullrich quiere mostrar control de la agenda. Y el problema lo tiene con la Rosada, no con Villarruel. Esa situación ya cansa a los senadores», dijeron fuentes cercanas a la titular de la Cámara Alta a La Pluma. Y fueron más lejos: «Villarruel puso Labor Parlamentaria el miércoles porque los senadores quieren ordenar lo imposible: la interna entre la Rosada y Bullrich». La reunión está convocada para este miércoles a las 12, previo al feriado del 9 de julio, y allí se terminarán de acordar los detalles de la sesión que el oficialismo prevé para el 15 o 16 de julio.
La lectura del entorno de Villarruel sobre la interna es tajante: «Las diferencias entre Bullrich y Villarruel son una creación para tapar una verdad: que le intervinieron el bloque a Bullrich. Bullrich está en un ‘no lugar’. No está donde está Villarruel ni está en el oficialismo. El gobierno no quiere que ella quede como que sacó las leyes. Y no saben cómo resolver eso. Prefieren patearlo». Y apuntaron directamente a la estrategia comunicacional de la jefa del bloque: «¿Qué hace Bullrich? Charlotea con periodistas para que quede como que hay una interna con Villarruel porque quiere apurar y Villarruel no. Pero la verdad de Bullrich es que en la Rosada no quieren que ella quede como la gran legisladora. Es un problema entre la Rosada y ella».
Bullrich quería sesionar esta semana, antes del feriado. La vice convocó Labor para el miércoles 8, lo que hizo imposible esa fecha: el debate podría extenderse hasta la madrugada del 9 de julio, cuando varios senadores necesitan estar en sus provincias. La tucumana Beatriz Ávila, por caso, tiene compromisos con los actos por el Día de la Independencia. Bullrich aceptó el cambio sin disimular el malestar: «La sesión será recién una semana después», dijo. Pero en el entorno de Villarruel la interpretación es diferente. No fue una traba, sino una señal hacia los senadores de que el ritmo de la Cámara alta no lo marca la jefa del bloque libertario. El problema de fondo, insisten, no es entre las dos mujeres sino entre Bullrich y la Casa Rosada, que viene interviniendo el bloque con el grupo de WhatsApp que armó Karina Milei, la presencia de Ignacio Devitt en reuniones internas y la gestión legislativa directa de Diego Santilli.
Propiedad Privada, pliegos y Hojarasca
La reunión de Labor Parlamentaria del miércoles tiene sobre la mesa tres prioridades del oficialismo. La central es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que llegará a la sesión en su versión número 13. Los cambios más importantes respecto al proyecto original son la prohibición de que un Estado extranjero o una empresa privada con capital de un país extranjero compre tierras en Argentina, el requisito de aval del Congreso Nacional (además de la provincia y el Poder Ejecutivo) para zonas de frontera, y la eliminación del capítulo sobre barrios populares. En cuanto al manejo del fuego, se mantiene la prohibición de cambiar el uso de los bosques nativos quemados por 60 años, aunque se permite dar otro destino a las tierras rurales no boscosas. Para las propiedades ocupadas ilegalmente, el proyecto establece desalojo en tres días hábiles; para inquilinos en mora, 10 días hábiles.
El segundo punto urgente es el de los pliegos judiciales. El oficialismo quiere aprobar alrededor de 30 designaciones, entre las que sobresale la prórroga del mandato del camarista laboral Víctor Pesino por cinco años. El juez cumple 75 años el 27 de julio, la edad límite para ejercer la magistratura, y si el Senado no sesiona antes esa fecha, el pliego pierde estado. El magistrado es quien intervino la UOM y falló a favor de la reforma laboral del gobierno.
También está en el temario Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, postulado para el juzgado federal de Lomas de Zamora que tiene la causa Insaurralde.
El tercer punto es la Ley Hojarasca, que deroga alrededor de 70 normas consideradas obsoletas, entre ellas una ley de la dictadura de Lanusse que obligaba a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a avisar con anticipación a la policía y la autorizaba a ingresar, y una ley de 1975 que exigía a radios y canales de TV destinar 60 minutos diarios a temas de interés turístico.
JD/CM
