El robo a la “abuela influencer” Mónica Eugenia Mancini mientras dormía en su casa de San Isidro expuso la operatoria de “La Banda del Millón”, dirigida desde la cárcel por jóvenes que dan órdenes vía WhastApp y realizan la inteligencia previa. Ayer, el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari solicitó que se les prohíba el uso de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos en las celdas, porque son una herramienta clave para cometer robos y asesinatos en esa zona.
ACA
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El 9 de enero, Brandon Imanol Brites, de 19 años, dirigió el operativo desde su pabellón de la Unidad 45 de Melchor Romero. Desde del otro lado de la pantalla, le dió las órdenes a los tres delincuentes que presionaban a Mancini para que les entregue efectivo y joyas. Además, la amenazaron con tirarle agua hirviendo si no les hacía transferencias bancarias. Justamente ese detalle fue el que les permitió a los investigadores llegar a Brites, que ya está acusado de otros robos y dos homicidios. La cuenta de destino estaba a nombre de un interno alojado en la Unidad Penitenciaria N° 45, en el mismo pabellón donde Brites cumple condena.
El caso de Mancini es solo la punta del iceberg de lo que los investigadores denominan la «Banda del Millón», una organización, integrada mayoritariamente por jóvenes del barrio La Cava, que perfeccionó la dinámica de «mando remoto». En el caso de la influencer, Brites también recibió ayuda de Lucas Ezequiel Merelles, detenido en la Unidad 9 de La Plata, el otro capo de la banda.
Según detalló el fiscal Ferrari los líderes no necesitan estar en la calle; usan herramientas digitales de acceso público como Google Maps, Street View y Nosis para seleccionar blancos vulnerables, principalmente adultos mayores en zonas de alto poder adquisitivo de San Isidro. Una vez elegido el objetivo, los jefes coordinan la ejecución mediante WhatsApp y los controlan a través de videollamadas.
Entre los antecedentes de la “Banda del Millón” figura el asesinato del empresario Jorge De Marco, que fue encontrado maniatado y golpeado en marzo de 2024; y el de María Susana Rodríguez Iturriaga, una mujer de 81 años ejecutada en su casa de Acassuso en octubre de 2025. En este caso, se comprobó que los delincuentes mantenían contacto con el jefe de la banda, Hugo Castillo David San Martín, que estaba alojado en la Unidad 9 de La Plata. “Mantenía constante conversación con Thiago David Sandoval —entre otros—, con quien en conjunto planeaban y ejecutaban a diario atracos a lo largo de todo el ámbito del conurbano norte mediante la misma modalidad de selección y marcación”, describió el fiscal.
El cruzamiento de datos permitió confirmar que San Martín obtuvo información —solamente durante el período comprendido entre el mes de agosto y octubre del año 2025— de la suma total de 167 viviendas de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires y que compulsó los datos personales de 44 personas.
Para la Justicia, la banda se mantiene activa a lo largo del tiempo porque tiene dos pilares fundamentales. El primero es el uso de menores, reclutan jóvenes de entre 12 y 17 años por su agilidad para entrar a las casas y por que no son punibles ante la justicia. Por otra parte, el fiscal Ferrari habla de la facilidad para evadir los controles y fugarse de los centros de detención juveniles. Han demostrado una «alarmante vulnerabilidad», permitiendo que los menores integrantes de la banda se fuguen y se reincorporen a la estructura operativa casi de inmediato, sostuvo Ferrari.
El pedido del fiscal: basta de celulares
Tras los allanamientos realizados en la Unidad 9 de La Plata y la Unidad 45 de Melchor Romero, donde se secuestraron nuevos dispositivos en poder de los cabecillas Hugo San Martín y Brandon Brites, la fiscalía de San Isidro pidió que se adopten medidas adicionales urgentes y que se prohíba el uso de teléfonos celulares y el acceso irrestricto a dispositivos electrónicos. Para la justicia, el «canal telefónico» se ha convertido en el principal medio operativo de una banda que, a pesar de las bajas y las detenciones, se adapta y reasigna roles bajo el amparo de la conectividad carcelaria.
Casualmente, el pedido del fiscal de San Isidro salió el mismo día en el que el Congreso debatía la baja de la edad de imputabilidad impulsada por el gobierno de Javier Milei, que tiene numerosas críticas por parte de organizaciones dedicadas a la niñez y la adolescencia.
MN/AS
