En su afán por enumerar victorias en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, el presidente Javier Milei también impulsa el tratamiento exprés de la Ley de Glaciares, que este jueves será debatida en el Senado junto con el nuevo Régimen Penal Juvenil. Un súper jueves, el último de las extraordinarias.
Ayer, durante la reunión de la mesa política del Gobierno Nacional en Casa Rosada se ratificó la estrategia parlamentaria que incluye como objetivo supremo el proyecto de Reforma Laboral. El jueves desde las 11 de la mañana, la Cámara Alta tratará el pliego del embajador de Fernando Iglesias; el Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la modificación a la Ley de Glaciares, que había sido excluida de las extraordinarias. El cambio beneficia a las empresas mineras, dado que permite el extractivismo en zonas hasta ahora protegidas, las reservas de agua dulce.
El proyecto de La Libertad Avanza, que cuenta con el respaldo de los gobernadores aliados, es una adecuación de la Ley N° 26.639 y marca una regresión respecto a los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y zonas periglaciares –validado por la Corte Suprema en 2019– y le da poder a las provincias para definir los límites, donde las empresas multinacionales quieren avanzar con explotaciones mineras.
Se trata de una iniciativa que tiene el acompañamiento y el impulso de la “Mesa del Cobre”, integrada por los mandatarios de provincias mineras: Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy).
A pesar del rechazo social que genera y las advertencias de grupos ambientalistas, académicos y organismos como el IANIGLA, la propuesta libertaria consiguió dictámenes de comisión en diciembre de 2025, gracias a respaldos de aliados provinciales, como el PRO y la UCR, y está lista para ser tratada en el recinto.
El proyecto de LLA reduce la protección sobre glaciares y áreas periglaciales, y favorece actividades mineras e hidrocarburíferas. Un dato central es que transfiere a las provincias la facultad de definir qué zonas proteger, limitando el concepto de “presupuestos mínimos”. Justamente, eso es lo que quieren los gobernadores de la Mesa del Cobre, libertad de acción para definir ellos mismos qué espacios le dan a las grandes mineras.
Varios especialistas indicaron que es anticonstitucional y que es posible de ser judicializable. La doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA–UNSAM), Gabriela González Trilla, advirtió que “el principio de regresividad ambiental está en la jurisprudencia de la Corte. Y habla de manera explícita que cualquier modificación que se hiciera sobre la ley, no debiera retroceder en elementos de protección de los glaciares. Y es parte del fundamento del gobierno el querer modificarla”.
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