Fabrizia Pegoraro, de 10 años, estaba en una de las tantas marchas por los jubilados junto a su madre, Carla, cuando ambas fueron rociadas con gas pimienta el 11 de septiembre de 2024. Más de dos años después, el policía federal y responsable, Cristian Rivaldi, fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso tras ser encontrado culpable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. Asimismo, el juez federal Daniel Rafecas dispuso que el agente no podrá ejercer funciones policiales durante dos años y seis meses.
Durante la investigación, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que el agente había actuado de manera desmedida, ya que la madre y su hija estaban sentadas y no ofrecían resistencia cuando fueron alcanzadas por el agente irritante. A su vez, sostuvo que el policía había incumplido las disposiciones del denominado «protocolo antipiquetes», impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En ese sentido, el fiscal invocó el protocolo de mantenimiento del orden público, que exige aplicar la mínima fuerza necesaria y tener especial cuidado con niños, embarazadas y adultos mayores. Por su parte, Rivaldi negó en su descargo haber rociado a una menor y dijo que no la vio por el tumulto. A su vez, aseguró que usó el artefacto disuasivo porque el contacto físico no alcanzaba y que el gas pudo haberlo lanzado un tercero.
La agresión había ocurrido frente al Congreso, en avenida Rivadavia. Rivaldi las roció con el gas en el medio del operativo de las fuerzas de seguridad para dispersar a los manifestantes. En consecuencia, la niña debió ser trasladada al Hospital Santa Lucía, donde recibió atención médica por un cuadro de conjuntivitis química. Desde el Gobierno pusieron en duda si había sido el policía quien las roció, mientras que Bullrich cuestionó que la madre haya llevado a su hija a la manifestación y la calificó de “irresponsable y violenta”.

«Un juez federal acaba de decir con una sentencia lo que el Gobierno negó durante más de dos años: a Fabrizia, una nena de diez años, la gaseó un policía federal. Rivaldi no actuó solo ni se cubrió solo. Patricia Bullrich miró a la cámara y le dijo al país que nadie había gaseado a una nena. Hoy la desmintió la Justicia«, declaró Gregorio Dalbón, abogado de las víctimas, a El Destape. «Es la primera condena por la represión del gobierno de Milei. No va a ser la última», afirmó.
A su vez, criticó a la actual titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva: «Salió por los canales a sostener un video falso que le echaba la culpa a una manifestante, una operación para tapar lo que hoy quedó confirmado con una condena. Ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva. La condena de hoy es el piso, no el techo. El que apretó el gas ya fue condenado. Faltan las que dieron la orden y las que armaron la mentira», sostuvo Dalbón.
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