El Gobierno está confiado con el escenario que se desplegará en las extraordinarias de febrero en el Congreso y, por eso, ahora también tratará Ley Penal Juvenil. Se suma así a un temario que ya es polémico por la regresión de derechos que implican la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Ahora, La Libertad Avanza vuelve con un antiguo debate que toma como argumento el asesinato de un chico de 13 años en Santa Fe por parte de tres adolescentes, que filmaron el crimen. Los organismos de derechos humanos y de protección de la niñez ya habían alertado que el proyecto viola la Constitución Nacional y tratados internacionales a los que Argentina adhiere. Las estadísticas ponen en jaque el discurso oficial.
“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ´Ley Penal Juvenil´ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin”, con ese posteo en X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó ayer algo que se insinuaba a fines de la semana pasada.
Pero todo se oficializó esta mañana en el Boletín Oficial, con la publicación del Decreto 23/2026 en el que se incluye la reforma en el temario de las sesiones que se harán entre el 2 y el 27 de febrero. Una norma que quiere bajar la edad de punibilidad de 16 a los 13 años. Anoche, en Mar del Plata, Milei también lo había prometido: «En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto».
La reforma del Régimen Penal Juvenil había conseguido dictamen el 6 de mayo del 2025, pero nunca llegó al recinto y, con el cambio de conformación del Congreso, perdió estado parlamentario. En ese momento, en las comisiones se había acordado bajar el régimen penal de los 16 a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.
El argumento que usa el gobierno de Javier Milei para poner en el centro de la escena este proyecto es el crimen de Jeremías Monzón, de 15 años, asesinado por otros tres adolescentes en Santo Tomé, Santa Fe, en diciembre pasado. Le dieron 20 puñaladas y filmaron un video mientras lo mataban. Las imágenes de su muerte circularon durante días por WhatsApp.
Por el asesinato hay tres menores de edad identificados, pero solo quedó detenida una chica de 16 años. También que arrestaron a la madre de la imputada por presunta participación necesaria en el homicidio. Ayer, además, se entregó el medio hermano de uno de los acusados por amenazar a una persona que pedía justicia por Jeremías en las redes sociales.
Sin embargo, y más allá de la brutalidad del caso de Jeremías, los organismos internacionales sostienen que no hay que bajar la edad de imputabilidad. Según un informe de UNICEF, no hay evidencia que demuestre que esas medida impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población y que las experiencias en otros países donde sí lo hicieron muestra que no es una medida efectiva. En cambio, UNICEF pide un abordaje que respete los derechos consagrados en los tratados internacionales incorporados a la Constitución.
En aquél posicionamiento público que UNICEF hizo en julio de 2024 detalló que la mayoría de los conflictos con la ley por parte de adolescentes son por delitos contra la propiedad y no contra la vida. Además, explicó el impacto que puede tener en el futuro de los chicos y chicas en conflicto con la ley. Para eso, citó un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia en Argentina, que describió que quienes recibieron su primera condena a más temprana edad tuvieron “efectivamente carreras delictivas más largas y prolíficas”.
En Dinamarca, por ejemplo, en junio de 2010, habían bajado la edad de 15 a 14 años. Pero dos años después revirtieron la decisión luego de que la ONU advirtiera sobre casos graves. Una situación similar se dio en Georgia, donde habían reducido la edad a los 12 años y tuvieron que dar marcha atrás. Son experiencias relevadas por Chequeado a través de un informe de la Red Internacional de los Derechos del Niño.
En la Argentina, ¿qué dicen las cifras oficiales? Los números del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires indican que en el 2023, la participación juvenil en el delito constituye apenas el 2,25% del total provincial. Eso equivale a 23.846 causas de menores de 18 años, frente a las 1.036.696 de adultos en el Fuero Criminal y Correccional. Del total de los delitos llevados adelante por adolescentes, solo el 8% se trata de delitos graves, como homicidios dolosos. Además, la tendencia es decreciente. En 2009 se registraron 152 casos, mientras que en 2023 la cifra descendió a 66, lo que representa una reducción de casi un 57%.
“La serie histórica del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires de los últimos 14 años muestra el descenso del total de causas en que se investigan los delitos imputados a personas menores de 18 años (correspondientes al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil). Se trata de una reducción de 11% en términos absolutos y 21% al considerar las tasas cada 100.000 habitantes”, sostiene el informe del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
MN
