La imagen de D.G.U tomó las pantallas de los televisores durante seis horas, como en una cadena nacional. La nena de 14 años camina por una escuela ubicada en La Paz, Mendoza, con un arma en la mano. El hecho, viral, ocurrió en septiembre. Seis meses después, un preceptor de ese establecimiento educativo fue apartado del cargo y detenido por pedido de la fiscal de Delitos Sexuales de la provincia tras la declaración de la chica en Cámara Gesell.
Esa mañana, D.G.U se había atrincherado en la escuela. Hizo dos disparos al aire con el arma de su padre, que es policía. El resto de los alumnos fueron evacuados, varios de ellos en estado de shock. Después de horas de tensión, la nena le entregó el arma a Rocío, la negociadora del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). El tema se mantuvo en silencio hasta que el viernes pasado se supo que un preceptor fue detenido por pedido de la fiscal de Delitos Sexuales, Laura Nieto, que investiga un posible abuso sexual.
Lo que parecía una reacción ante el bullying de sus compañeros –incluso fue comparado con la “Masacre de Patagones” cuando en 2004 Rafael Juniors Solich, de 15 años, mató a tres compañeros – tuvo un giro inesperado. El Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales (EDeAA) del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, escuchó a la nena, lo que derivó en la detención de un preceptora, del quien no se difundieron sus datos.
En un principio, la investigación fue impulsada por la fiscal penal de menores Griselda Digier, en conjunto con el jefe de la Fiscalía de Rivadavia, Mariano Carabajal. Pero con el tiempo, el expediente pasó a la fiscal Nieto, que se especializa en delitos sexuales.
Fuentes de la provincia consultadas por La Pluma Diario confirmaron que D.G.U está bajo tratamiento psicológico acompañada por una institución especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA). El relato de la nena durante el tratamiento dio indicios de violencia sexual. Según confirmaron desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza a TN, la nena contó que fue víctima de abuso sexual por parte de una persona que trabajaba en la centro educativo.
Tras la difusión del caso en los medios, el Poder Judicial de la provincia difundió una resolución en la que prohíbe “publicar, difundir o divulgar el nombre, apellido, alias o cualquier dato personal que permita la identificación directa de la adolescente” así como fotos o videos para garantizar la protección de su identidad, dignidad e intimidad.
En la misma línea, la asesora de de NNyA de Mendoza, María Paula Maurano, pidió frenar la difusión de datos para evitar en “la adolescente un daño secundario a lo ya vivenciado y de difícil reparación”.
CDB/VDM
