En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el presidente, Javier Milei, volvió a criticar la participación del Estado en las obras de infraestructura. Señaló que el esquema previo sólo beneficiaba a la dirigencia política y planteó un escenario de transferencia total de responsabilidades al capital privado. Un informe desmiente las cifras que dio el jefe de Estado en su alocución dentro del Congreso.
Al referirse al Gasoducto Perito Moreno (ex Gasoducto Néstor Kirchner), Milei cuestionó al gobierno anterior: «Por eso defienden tanto a Piedrita, ¿dale? Por eso defienden tanto a Chatarrín de los tubitos caros, ¿dale? Si no hubieran estado ustedes rompiendo todo, seríamos un país grande, que lo llegamos a ser a fines del siglo XIX», lanzó. Los dos apodos que sólo utiliza el Presidente fueron para referirse al empresario Paolo Rocca, dueño de Techint, la contratista encargada de esa obra de infraestructura durante la gestión de Alberto Fernández.
En esa línea, apenas unos días más tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, profundizó el debate durante una entrevista radial cuando comparó los costos del GPNK y el proyecto de Southern Energy. Señaló que en el primer proyecto los costos (obra pública) fueron de US$ 4.000 por tonelada, mientras que los del segundo (obras con inversión privada) apenas fueron de US$ 1.400 por tonelada.
Un informe elaborado por la Fundación Encuentro recalcó que la comparación hecha por el ministro, “constituye un caso paradigmático de uso inadecuado de datos cuantitativos en el debate público”. Desde la fundación sostienen que el debate quedó reducido a cifras aisladas, sin considerar variables clave que inciden directamente en la estructura de costos. Por lo tanto, distorsionan la interpretación de los hechos.
En ese sentido, el documento remarca que la declaración del ministro Caputo omite o pasa por alto que el 65% de la diferencia de precio se explica por variación en precios internacionales del acero (35% de caída entre 2022 y 2025), factor ajeno a la gestión gubernamental o marco regulatorio.
También, el funcionario desestima el impacto de los beneficios fiscales sobre el costo de un proyecto. Mientras el proyecto Southern Energy opera bajo RIGI con numerosos beneficios fiscales, el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) no. Con el mismo régimen del RIGI se hubiese reducido el GPNK a un costo de US$ 1.630 por tonelada, apenas 16% por encima del proyecto privado.
Otro aspecto pasado por alto es el costo de la logística de llevar los caños alrededor del país. Según lo que trascendió públicamente, el proyecto Southern Energy incluye la fabricación y potencial entrega en puerto mientras que el valor del GPNK preveía su traslado e instalación.
Por último, el ministro Caputo equipara un proyecto de infraestructura pública estratégica, que generó US$ 5.668 millones de superávit energético en 2024, con un project finance privado cuyo objetivo es rentabilidad privada, y no ahorro fiscal o seguridad energética.
Para la Fundación, la discusión no se limita al precio de los caños, sino al modelo de desarrollo energético que se busca consolidar. Infraestructura pública y project finance privado responden a lógicas distintas, con riesgos, objetivos y beneficiarios diferentes.
“La comparación por lo tanto no es solo metodológicamente deficiente: es conceptualmente errónea y esconde los problemas de competitividad y estructura de costos de los que adolecen PYMES y empresas actualmente”, sentencian desde la Fundación Encuentro.
RM/EO
