La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este martes un paquete de cuatro proyectos que abordan el sobreendeudamiento de las familias y que establecen nuevas herramientas de protección para los consumidores.
Las iniciativas, que reunieron propuestas de distintos bloques y fueron girados al Senado, avanzan sobre cuatro aspectos: el acceso y las condiciones del crédito, las cobranzas extrajudiciales, la reestructuración judicial de deudas y la prevención del sobreendeudamiento.
Nuevas reglas para el acceso al crédito
Uno de los proyectos surgió de la unificación de las iniciativas de Noelia Saavedra, Ariel Archanco, Ana Luz Balor y Juan Martín Malpeli, de Fuerza Patria (FP), y establece el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, para incorporar herramientas frente a las nuevas modalidades de financiamiento.
El texto obliga a bancos, entidades financieras, proveedores no bancarios y plataformas digitales a brindar información clara sobre las condiciones de los créditos, tasas, costo financiero total, cuotas, seguros, penalidades y demás cargos.
Además, contempla el crecimiento de las billeteras virtuales y los sistemas automatizados de otorgamiento de crédito. Los consumidores deberán conocer los criterios utilizados para tomar decisiones automatizadas y podrán solicitar que sean revisadas por una persona.
La iniciativa incorpora además mecanismos de revisión y renegociación de créditos cuando se produzcan cambios significativos en la situación económica del deudor o en el contexto macroeconómico que alteren el equilibrio original del contrato.
También establece nuevas pautas para la publicidad de préstamos y busca evitar promociones que presenten el dinero disponible como si fuera un ingreso, sin informar que se trata de un crédito. A la vez, incorpora medidas de prevención y educación financiera.
Límites a las cobranzas abusivas
El segundo proyecto, que unificó iniciativas de Ana Luz Balor de FP y Silvina Vaccarezza de UCR-Cambio Federal, y establece límites para las cobranzas extrajudiciales y garantiza el derecho de las personas endeudadas a recibir un trato digno.
Los acreedores y agencias de cobranza podrán comunicarse únicamente entre las 9 y las 20 durante los días hábiles y tendrán prohibido hacerlo durante fines de semana, feriados y días no laborables.
Esta norma prohíbe ocultar el número desde el que se realizan llamadas, utilizar sistemas automáticos que impliquen un costo para el consumidor, enviar intimaciones que aparenten provenir de organismos públicos o contactar a familiares, empleadores y terceros ajenos a la relación de consumo.
El proyecto impide además difundir públicamente la condición de deudor o utilizar mecanismos de cobro humillantes, intimidatorios o amenazantes.
Las entidades tampoco podrán bloquear o restringir unilateralmente cuentas destinadas al cobro de salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares u otras prestaciones alimentarias para exigir el pago de una deuda.
Una vía judicial para reestructurar las deudas
El tercer proyecto, de Leonardo Moreno y Juan Martín Malpeli de FP, crea un régimen judicial específico para consumidores sobreendeudados. Según se establece, la persona que no pueda afrontar sus obligaciones de acuerdo con su capacidad económica podrá acudir a la Justicia para solicitar la reorganización de sus deudas.
El juez podrá convocar a los acreedores y establecer acuerdos que contemplen quitas, esperas, reducción de tasas, eliminación o reducción de gastos y comisiones, nuevos plazos o pagos parciales, entre otras alternativas.
La apertura del proceso también podrá permitir medidas de protección sobre el patrimonio, suspender reclamos extrajudiciales y determinadas ejecuciones y frenar el curso de intereses cuando corresponda.
Para determinar si existe sobreendeudamiento se deberán considerar los ingresos, la composición del grupo familiar, los gastos, la cantidad y naturaleza de las deudas, los vencimientos, las tasas y las garantías.
La Defensoría, como instancia previa
El cuarto proyecto, impulsado por el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, y elaborado junto al defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, crea el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores.
La propuesta establece una instancia prejudicial obligatoria y gratuita ante la Defensoría del Pueblo, para que una persona pueda reunir a sus distintos acreedores en un único procedimiento y buscar una solución integral.
El objetivo es evitar que el acuerdo con un acreedor haga imposible afrontar las restantes deudas. Entre las alternativas se contempla que las cuotas resultantes no superen el 30% de los ingresos netos mensuales del deudor y que los acuerdos incluyan opciones como extensión de plazos, reducción de tasas o quitas de capital.
El proyecto también crea un Registro Provincial de Prestamistas y Sanciones por Incumplimiento, obligatorio para quienes otorguen créditos en territorio bonaerense, con excepción de las entidades reguladas por el Banco Central.
Un debate atravesado por las diferencias políticas
El tratamiento de los proyectos expuso diferencias entre los bloques. El oficialismo defendió las iniciativas como herramientas para responder al crecimiento del endeudamiento de los hogares y sostuvo que muchas familias recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos.
Desde el PRO y La Libertad Avanza rechazaron el paquete. Entre sus principales argumentos plantearon que algunas disposiciones avanzan sobre competencias federales, cuestionaron las atribuciones otorgadas a la Defensoría y advirtieron sobre posibles efectos en el costo del crédito y el crecimiento de la informalidad.
La UCR acompañó el tratamiento con reparos técnicos. Desde la bancada radical se advirtió que algunos aspectos podrían terminar siendo judicializados, mientras que la Coalición Cívica se abstuvo y cuestionó las diferencias entre los mecanismos previstos en los distintos textos.
Con la media sanción, los cuatro proyectos continuarán ahora su recorrido en el Senado bonaerense.
