La distribuidora de gas Metrogas quedó en agosto bajo el control de los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, quienes concentran cerca del 80% de su paquete accionario. El traspaso consolidó el poder de un grupo empresario sobre una compañía que abastece a unos 2,4 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense.
En un Gobierno pro-empresa de Javier Milei, Metrogas es una clara ganadora dentro de las que controlan los servicios públicos. Esto se debe principalmente al aumento de tarifas, la quita de subsidios y la falta de control del Estado, medidas enmarcadas en el equilibrio fiscal que pregona el oficialismo.
Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2026, el gas natural acumuló un aumento del 1.391% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA. La inflación acumulada en ese período se ubica en 261%, muy por debajo de la suba del servicio.
En paralelo, desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026, los hogares con subsidio pasaron de 5,64 millones de hogares a 4,78 millones, tras el traspaso al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En este contexto, para este mes el Gobierno habilitó nuevos aumentos: los usuarios de Metrogas verán una suba del 2,95% en la Ciudad de Buenos Aires y del 3,65% en el Conurbano bonaerense. Según el Indec -que reveló que la inflación de octubre fue de 2,2%-, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia del aumento en gas.
En septiembre, el Gobierno extendió por 20 años la licencia de distribución de gas natural, cuyo vencimiento estaba previsto para fines de 2027. El nuevo plazo llevará a la habilitación hasta 2047. Como obligación, Metrogas deberá ejecutar US$ 186,8 millones en obras vinculadas con el servicio de distribución durante los próximos 10 años, con penalidades previstas en caso de incumplimiento.
Un informe de Gustavo García Zanotti y Martín Schorr sobre las privatizaciones en la era Milei revela que una de “las mayores expansiones en términos de facturación y beneficios se concentraron en un conjunto específico de empresas. Entre ellas se destacan Transener, las distribuidoras de energía eléctrica (Edesur, Edenor y Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza) y las firmas dedicadas al transporte y distribución de gas natural. Dentro de este último grupo sobresalen particularmente TGS, TGN, ambas Camuzzi, Metrogas y Naturgy”.
El documento, que revela que, en el acumulado del año al 30 de septiembre, la empresa ganó casi $ 450.000 millones, advierte que en sectores como “el transporte y la distribución de gas natural, las inversiones medidas en términos reales permanecieron relativamente estables o incluso registraron retrocesos”.
Entonces, Metrogas no solo no destinó poco de sus ganancias a inversión en infraestructura, sino que con la concesión del Gobierno -al igual que sucedió con AySA-, operará bajo una lógica privatista, en la que se priorizará devolver la inversión y no asegurar un servicio de calidad.
La explosión en Remedios de Escalada
El pasado viernes, en Remedios de Escalada, cuando uno de los caños de la red de distribución se rompió, quien estaba a cargo de la obra de Metrogas era Exgadet, una empresa tercerizada que no cumplió con el protocolo de emergencia. Pasó una hora en la que no se reparó el daño, y el error provocó una explosión que dejó un saldo de dos muertos y 30 heridos.
Hace una década un trabajador tercerizado falleció en Barracas, también tercerizado de Metrogas. Los empleados denunciaron en ese entonces las malas condiciones y que los caños de gas de Buenos Aires eran de 1930. No es solo un episodio aislado. El incendio y la fuga de gas en Escalada responde a una concatenación de hechos que llevó a que, a una semana de la tragedia, funcionarios se están pasando la papa caliente sin terminar de hacerse cargo.
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, advirtió que el municipio detectó otras 32 fugas de gas en el distrito y responsabilizó a Metrogas, a Exgadet y al Gobierno por la falta de controles sobre el servicio. Sin embargo, los informes de Bomberos de la provincia de Buenos Aires y Metrogas consideraron “segura” la zona donde ocurrió la explosión.
“Son las consecuencias que tiene la motosierra y la falta de un Estado que controle los servicios mínimos de nuestra sociedad”, sostuvo el intendente, que cuestionó la intervención de la empresa tercerizada y el rol del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), creado tras la aprobación de la Ley Bases. El organismo recién comunicó el pasado miércoles que inició de oficio los peritajes por la explosión y que “determinará las responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan”.

Sobre el origen del siniestro, Álvarez explicó que los operarios realizaban los trabajos con planos que no contemplaban la existencia del caño que terminó perforado, lo que habría provocado la fuga de gas y la posterior explosión. Según detalló, la documentación técnica de la red se encontraba bajo la órbita del ENARGAS.
La Municipalidad de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial que investiga la explosión, ante los indicios de posibles incumplimientos de los protocolos de emergencia por parte de Metrogas. Asimismo, comenzó a implementar un esquema de asistencia económica y habitacional para las familias y comerciantes afectados.
En ese sentido, los locales comerciales damnificados quedarán eximidos del pago de las tasas municipales, mientras que el municipio impulsará un proyecto en la Legislatura bonaerense para solicitar la exención del Impuesto Inmobiliario, la Patente y los Ingresos Brutos para las personas afectadas.
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