El relato del superávit fiscal que el Gobierno viene repitiendo como bandera de gestión recibió un golpe inesperado desde el propio Fondo Monetario Internacional (FMI). En una nota al pie del último informe técnico sobre Argentina, el organismo reconoció que, si se contabilizan los intereses de los bonos capitalizables emitidos por el Tesoro, el déficit trepa al 0,8% del PBI. La aclaración dejó expuesta la fragilidad del esquema que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, y puso en evidencia que buena parte del “equilibrio” se sostiene pateando deuda para adelante.
La sutil aclaración gira alrededor de los llamados bonos cupón cero, una herramienta financiera que no paga intereses mensuales, sino que acumula esa deuda hasta el vencimiento. De esa forma, el Estado logra ocultar un gasto que deberá afrontar en el futuro con intereses cada vez más altos. Este campo, considerado como la «ingeniería de Caputo», permite al Gobierno vender un supuesto orden fiscal, mientras el ajuste lo terminan pagando los argentinos, que también serán perjudicados por esta maniobra.
«Incluir el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea elevaría el déficit total a cerca del 0,8% del PBI», confiesa el staff report del FMI. Mientras tanto, el ajuste sigue cayendo sobre los mismos de siempre. Jubilados, universidades, hospitales y provincias vienen soportando el recorte para sostener un supuesto superávit que ahora hasta el FMI relativiza.
Por otra parte, el Fondo volvió a exigir una reforma previsional profunda y, bajo el argumento de los “cambios demográficos” y el aumento de la expectativa de vida, planteó avanzar en una suba de la edad jubilatoria y en la equiparación entre hombres y mujeres. Detrás del pedido técnico está la realidad, ya que millones de trabajadores deberán pasar más años en actividad para cobrar haberes que, dicho sea de paso, ya vienen perdiendo contra la inflación. En otras palabras el FMI pide extender el tiempo de trabajo, que cada vez es más precarizado.
A eso se suma la presión para reducir subsidios energéticos, una medida puede seguir encareciendo tarifas y que amenaza al bolsillo de las familias.
Y por último, el FMI reveló una verdad incómoda para algo que el Gobierno está intentando disimular desde enero: cuestionó la forma en que se mide la inflación y reclamó actualizar las canastas del IPC para reflejar los consumos reales de la población. El escándalo que a principio de año supuso la salida del entonces director del Indec, Marco Lavagna, ahora es considerado por el organismo que acaba de girarle a Milei US$ 1.000 millones más.
Para el superávit fiscal de abril, Caputo sacrificó a las universidades y las provincias
El Gobierno nacional volvió a mostrar superávit fiscal en abril, aunque para conseguir este equilibrio de las cuentas públicas cayó con peso el recorte sobre áreas sensibles como universidades, transferencias a provincias y empleo estatal. Según informó el Ministerio de Economía, el resultado financiero del mes fue positivo en $ 268.103 millones, mientras que el saldo primario alcanzó los $ 632.844 millones. En términos relativos, el sobrante acumulado del primer cuatrimestre representa el 0,5% del PBI.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advirtió que, pese al saldo positivo, el superávit financiero cayó 64% interanual en términos reales. Es decir, pese a la motosierra, consiguió un superávit de menos de la mitad del año pasado. La consultora señaló además que el resultado primario retrocedió 43,3% real debido a una combinación de menores ingresos y mayor gasto. Aun así, el Gobierno mantiene como prioridad sostener la meta acordada con el FMI de alcanzar un superávit primario de 1,4% del PBI en 2026. (Giro de US$ 1.000 millones).
El dato fiscal de abril dejó en evidencia que mientras los ingresos pierden contra la inflación y la actividad económica sigue sin despegar del todo, el Ejecutivo eligió profundizar el ajuste sobre sectores que dependen de fondos nacionales. En el primer cuatrimestre, el superávit acumulado equivale apenas al 0,5% del PBI.
Los gastos totales treparon a $ 12,78 billones y mostraron un incremento real de 1,6%, impulsados en buena medida por el freno parcial a la quita de subsidios energéticos. El Gobierno destinó $ 1,4 billones para sostener tarifas, una suba real de 150%, buscando amortiguar el impacto inflacionario en los hogares y evitar otro salto en los servicios públicos.
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