El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para crear el denominado “Súper RIGI”, un nuevo esquema de promoción con el que la LLA espera captar megainversiones en sectores considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico e industrial del país. La propuesta considerada una evolución del RIGI actual, amplía los beneficios contemplados en la ley vigente, pero restringe el acceso a proyectos de una escala mucho mayor.
En ese sentido, la iniciativa establece un horizonte de estabilidad de 30 años y exige una inversión mínima de US$ 1.000 millones, cinco veces superior al piso previsto por el RIGI vigente. Según el Gobierno, el objetivo es atraer desembolsos de gran magnitud vinculados a industrias de alto valor agregado y nuevas tecnologías. Entre los sectores alcanzados figuran la producción de baterías de litio, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, robótica, centros de datos, biotecnología, nanotecnología y otras actividades vinculadas a la llamada economía del conocimiento. La apuesta oficial es que estos proyectos permitan desarrollar cadenas industriales que actualmente tienen escasa presencia en la Argentina.
Beneficios superiores al RIGI actual
El proyecto contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%, además de un esquema de amortización acelerada que permite deducir el 60% de las inversiones durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes. También prevé exenciones arancelarias para la importación de bienes e insumos vinculados a los proyectos y elimina los derechos de exportación para la producción alcanzada por el régimen.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el nuevo esquema busca generar condiciones para atraer inversiones que podrían alcanzar entre US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones por proyecto, especialmente en actividades ligadas a la transición energética y al desarrollo tecnológico global.
La apuesta oficial
Desde el Gobierno argumentan que el Súper RIGI permitirá diversificar el perfil de inversiones y avanzar hacia actividades industriales con mayor nivel de procesamiento local. La intención es que el Congreso trate el proyecto durante las próximas semanas, en medio de un debate que promete reeditar las discusiones sobre el costo fiscal de los incentivos y el impacto que podrían tener sobre la estructura productiva nacional.
RM/EO
