Respira Manuel Adorni. El juez federal Ariel Lijo aceptó el pedido del ex jefe de Gabinete y le concedió una prórroga de 15 días para que presente la documentación que justifique las inconsistencias en su patrimonio. Como Adorni alegó no contar con tiempo suficiente para revisar las pruebas que citó la fiscalía y pidió tener acceso a los archivos del contratista Matías Tabar, un testigo clave en el caso, ahora cuenta con este plazo para explicar $ 43 millones de gastos por encima de los ingresos y US$ 400.000 cuyo origen se desconoce.
Este miércoles 26 de agosto vencía el plazo que el fiscal Gerardo Pollicita le había dado al ex funcionario para cumplir con el trámite judicial. “La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, reza una parte del requerimiento del fiscal. En él, formuló 20 preguntas sobre las inconsistencias que encontró en los bienes de Adorni.
La prórroga que otorgo Lijo se cuenta en días hábiles judiciales, es decir, que se rigen por los días en los que los tribunales y juzgados están abiertos y operan para realizar trámites o presentar escritos. En caso de que la justificación resulte insuficiente, el ex jefe de Gabinete será llamado a indagatoria.
Y así como Manuel, que es contador, no pudo con el plazo de la fiscalía, su hermano Francisco Adorni se presentó espontáneamente la semana pasada ante el juez Daniel Rafecas para evitar ser llamado a indagatoria por «falsear su declaración jurada». El diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), que también ejerce de contador, argumentó en un escrito que se «olvidó de poner un cero» en la cifra del crédito hipotecario, y en vez de $ 13 millones eran $ 130 millones.
Las inconsistencias de Manuel Adorni
El período de investigación por supuesto enriquecimiento ilícito abarca desde el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió su primer cargo en el gobierno de Javier Milei, hasta el 27 de junio pasado, día de su renuncia.
Según la fiscalía, el expediente de Adorni muestra que, con los 35 haberes percibidos durante su gestión más los gastos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti, la pareja registró un total de $ 229.752.283,20. Sin embargo, la investigación reveló que los gastos corrientes contabilizan $ 272.820.832,20, un desfasaje de $ 43.068.549 que el ex funcionario deberá explicar. Este monto, proviene de seguros, expensas, servicios, impuestos, electrodomésticos, viajes y consumos realizados mediante tarjetas de crédito.
Al mismo tiempo, existe otro número que no cuadra: US$ 402.578,12, repartido en viajes a Aruba y Nueva York, una casa en el country Indio Cuá más su remodelación (incluía la famosa cascada y le pagó US$ 245 mil a un contratista) y el departamento de la calle Miró 550, Caballito, con sus muebles. Y todo se pagó en efectivo.
Más allá de estas dos grandes inconsistencias, el dictamen de 207 fojas demanda además el origen del dinero. En ese sentido, exige explicar por qué hubo un uso reiterado de terceros para la compra de bienes, como por ejemplo dos préstamos de familiares sin documentación que justifique la entrega de los mismos: el de su madre, Silvina Pais, de $ 16 millones, y la sucesión de una abuela, Norma Zuccolo, por $ 18 millones.
Otro de los puntos que resonaron dentro de la causa fue el de sus movimientos con dólares, criptoactivos y billeteras virtuales. En su primera declaración jurada como funcionario público no incluyó dólares en efectivo, mientras que en agosto del año pasado presentó una rectificación de 2024 donde aparecían US$ 42 mil y antes de renunciar aparecieron US$ 565 mil como producto de “venta de activos” en una rectificación de todos los años. La de 2025 indica US$ 388.961.
Adorni dijo en una entrevista que ganó US$ 300 mil con inversiones en criptomonedas, con un capital inicial de US$ 200 mil. En las mismas rectificaciones aparecieron operaciones con criptomonedas entre 2021 y 2023. Al mismo tiempo el ex vocero Presidencial informó ante Binance un capital de US$ 250 mil al validar su identidad, pero no lo tenía declarado.
