En una votación ajustada, la Eurocámara remitirá el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Es lo que pidió un grupo minoritario que representa a la izquierda. No se trata de es una paralización total pero pone de manifiesto los obstáculos y los conflictos internos que implica el pacto. Llevó 25 años llegar a un texto conjunto, por un lado. Por otro, de concretarse se crearía la mayor zona comercial del mundo.
De acuerdo a el diario El País, la justicia europea deberá pronunciarse sobre si el pacto y los compromisos adquiridos con los socios latinoamericanos se ajustan al derecho comunitario. Como instrumento clave para abrir Europa a otros mercados internacionales que hagan al bloque menos dependiente de los Estados Unidos, la paralización del acuerdo Mercosur-UE es, también, un golpe político.
Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Panamá y Brasil adhirieron al acuerdo el sábado en una ceremonia de firmas que se realizó en Asunción. En su discurso, el presidente Javier Milei afirmó que es «el mayor logro obtenido por el Mercosur». El tratado establece la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones de ambos bloques. El Congreso también deberá refrendar el acuerdo, pero se descarta que se oponga.
Esto sucede en un contexto geopolítico cambiante y tenso. La guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cada vez mayor dependencia de China y las puja entre naciones, con la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio aún vigentes, han empujado a los países agrupados en el Mercosur y la UE a superar diferencias, y sellar un pacto al que fue difícil llegar. Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda se oponían, mientras que Bélgica se abstuvo.
AS
