El presidente, Javier Milei, se presentó ante la Bolsa de Comercio y, en un claro tono de campaña, prometió extender su mandato hasta 2031 para inaugurar lo que llamó un «siglo liberal«. En su discurso, garantizó la profundización de políticas a favor del capital más concentrado y la eliminación de la mayoría de los impuestos. Sin embargo, el largo plazo que proyecta el oficialismo choca de frente con la asfixiante realidad cotidiana de la economía de los hogares: el endeudamiento de las familias argentinas se volvió insostenible.
Los números que manejan los especialistas exponen el lado más frágil del plan del ministro de Economía, Luis Caputo. De acuerdo con la consultora Eco Go, las familias ya destinan el 30% de sus ingresos mensuales exclusivamente al pago de deudas, a la par de que la morosidad trepó a su peor nivel de los últimos veinte años, en plena crisis de 2002. Lejos de ser una crisis pasajera, este escenario asoma como un obstáculo central para el Gobierno, que apostaba a la reactivación económica empujada por el crédito al consumo.
La gravedad de la situación es tal que uno de cada tres argentinos endeudados ya no llega a pagar sus obligaciones. Así lo advirtió el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulio, quien catalogó la crisis como un «problema sistémico» gestado desde principios de 2025. Producto de la feroz caída del poder adquisitivo combinada con el aumento desmedido de las tarifas de los servicios públicos, los hogares están sacrificando el pago de sus deudas para poder bancar los consumos básicos. El impacto pega todavía más fuerte en las nuevas generaciones: desde Analytica subrayan que la irregularidad en los pagos escala al 42,8% en la franja de jóvenes de entre 18 y 25 años.
A nivel macro, el deterioro se ve con contundencia en los registros oficiales. Un análisis de la consultora 1816, armado en base a datos del Banco Central (BCRA), expone que la morosidad en los préstamos familiares en general alcanzó el 12,7% en el mes de mayo. Esto representa diecinueve meses consecutivos de subas, un proceso que terminó marginando a casi 7 millones de personas del circuito de financiamiento formal.
Al quedar afuera de los bancos, las familias caen en financieras, fintechs y cadenas de electrodomésticos, donde el ahogo financiero se acelera. En este sector no bancario, la morosidad prácticamente se duplicó, saltando del 10,8% al 21,6%. Según explica Eco Go, el 71% del aumento de esta carga financiera se explica por el alto volumen de los créditos tomados, mientras que el 29% restante obedece al achicamiento de los plazos, lo que obliga a las familias a afrontar cuotas mensuales muchísimo más altas.
Todo esto mientras el bolsillo se ve cada vez más ajustado. El Gobierno eliminó el 10,4% en términos reales del subsidio al transporte y en un 90,8% el resto de las transferencias económicas, precisó Vectorial.
En los despachos oficiales intentan proyectar calma. Como difundió el periodista Juan Pablo Kavanagh, desde el Gobierno estiman que la situación de las familias mejorará en un plazo de 120 días. Esta respuesta fue esbozada después de la desacertada opinión del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que el incremento de los incumplimientos familiares responde a que «la gente misma se expone a riesgos de impago».
De todos modos, las proyecciones privadas contrastan duramente con ese optimismo de corto plazo de la Casa Rosada: los cálculos de Eco Go anticipan que, incluso en un escenario favorable, la morosidad se mantendrá en niveles históricamente altos durante los próximos dos años.
Mientras en la Bolsa de Comercio se aplauden las promesas de un «siglo liberal» para las próximas décadas, millones de hogares hacen malabares en el presente para ver cómo pagan la tarjeta a fin de mes.
